En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, varios ministerios han abierto Manifestaciones de Interés (MDIs). Estas iniciativas permitirán recabar información sobre las diferentes propuestas y proyectos, sus objetivos y las empresas participantes, así como valorar sus efectos y su encaje en los ejes del plan de recuperación y modernización de la economía española tras la crisis del COVID-19.

Las MDIs son consultas públicas que dan la ocasión a las entidades interesadas en obtener financiación del NextGenerationEU para que expongan sus proyectos en ámbitos concretos de las líneas de inversión descritas en el Plan de Recuperación “España Puede”. Estas consultas permitirán permitirá a las administraciones públicas definir mejor los parámetros de las convocatorias de selección de proyectos que se publicarán en los próximos meses.

La participación en una MDI no es una condición exigible de cara al acceso a la potencial financiación. Sin embargo, es un instrumento útil que permite aportar una visión más amplia y plural para que la Administración tenga en cuenta la diversidad y características de los posibles proyectos y líneas de actuación. También son una oportunidad para las empresas, que podrán identificar potenciales requisitos que el Gobierno podría incluir en las convocatorias cuando éstas se produzcan.

El proceso de presentación de Manifestaciones de Interés sigue en marcha actualmente, con algunas ya cerradas y otras que están a punto de ponerse en funcionamiento. Las MDIs que se conocen hasta ahora son:

1. Cadena de valor del hidrógeno renovable (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Con el fin de localizar proyectos de hidrógeno renovable, su impacto en toda la cadena de valor y desarrollo industrial y en el empleo, y conocer su efecto transformador en la economía, la descarbonización y la cohesión social y territorial. Convocatoria cerrada el 19/12/20.

 

2. Proyectos con impacto en el reto demográfico y la lucha contra la despoblación (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). Pretende identificar actores interesados en desarrollar actuaciones en materias claves para el reto demográfico, orientadas a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Convocatoria cerrada el 22/12/20.

 

3. Proyectos tractores que modernicen la industria española (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). Proyectos centrados en innovación y digitalización en ámbitos como eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible, economía circular, eco-innovación, etc. Convocatoria cerrada el 20/01/21.

 

4. Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé alcanzar una penetración de 5 millones de vehículos eléctricos a 2030, y La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo analiza el desarrollo y las oportunidades de la movilidad eléctrica como pieza clave para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Convocatoria cerrada el 29/01/21.

 

5. Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). Con el fin de extender la banda ancha de muy alta velocidad a todo el territorio y adelantar la cobertura de 5G, impulsando la cohesión territorial y la transformación digital, en particular, en aquellas áreas geográficas donde exista fallo de mercado. Convocatoria cerrada el 15/02/21.

 

6. Comunidades energéticas locales (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) Proyectos que contribuyan a la participación ciudadana en el ámbito energético, la generación distribuida y el desarrollo de comunidades energéticas locales. Convocatoria cerrada el 26/02/21.

 

7. Energía sostenible en las islas (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) Las islas, por sus características, poseen un potencial para la innovación en transición energética con soluciones que puedan aplicarse después a la Península. Convocatoria cerrada el 26/02/21.

 

8. Fomento de la economía circular en la empresa (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) Proyectos en el marco de la Estrategia Española de Economía Circular, que contiene 112 medidas que se articulan en torno a 8 ejes de actuación para implementar acciones en economía circular en España. Convocatoria cerrada el 26/02/21

 

9. Energías renovables (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).  Proyectos enfocados a la descarbonización de la economía, la integración de las energías renovables en los sectores de consumo energético (residencial, industrial, servicios y agricultura), así como el uso de energías renovables térmicas y eléctricas. Convocatoria cerrada el 26/02/21.

 

10. Apoyo al transporte sostenible y digital (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). En ámbitos como la interoperabilidad en transporte ferroviario de mercancías, fomento de la intermodalidad del transporte, modernización de material ferroviario, etc. Cierre de la convocatoria el 3 de marzo (plazo extendido).

 

11. Flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y despliegue del almacenamiento energético (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico). Proyectos enfocados al desarrollo del almacenamiento y servicios de flexibilidad, empleando herramientas como la digitalización de las redes, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Convocatoria cerrada el 26/02/21.

 

12. Participación en un proyecto europeo en el ámbito de la microelectrónica y las tecnologías de comunicación bajo el mecanismo IPCEI (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). El proyecto tiene por objetivo dotar a la UE de capacidades de diseño electrónico y despliegue de la próxima generación de procesadores de confianza y otros componentes electrónicos necesarios para alimentar las infraestructuras digitales, los sistemas basados en la inteligencia artificial y las redes de comunicación. Convocatoria cerrada el 18/03/21.

 

13. Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) – dirigido a las Entidades Locales, Comunidades y Ciudades Autónomas. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cierre de la convocatoria el 18 de marzo.

 

14. Identificación de mecanismos para la integración de la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital). Cierre de la convocatoria el 2 de abril.

 

Próximas manifestaciones de interés previstas: Digitalización pymes, movilidad y agenda urbana.

 

 

La Comunidad de Madrid presentó un conjunto de 214 proyectos que aspiran a más de 22.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo. El paquete de proyectos se focaliza en una serie de inversiones relacionadas principalmente con la transición ecológica y transformación digital.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha planteado al Gobierno español un total de 214 inversiones, enmarcadas en 28 reformas, para recibir 22.371 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, destinado a impulsar la recuperación de económica provocada por la pandemia del coronavirus.

El 31,7% del número de proyectos y reformas del Plan de Madrid se enmarcan bajo el paraguas de la transición ecológica, mientras que un 27,2% son proyectos y reformas relacionados con la transformación digital. Aunque el volumen de fondos destinados a cada uno de estos ejes no se detalla, el Gobierno madrileño apuesta por la colaboración público-privada, con el fin de lograr un efecto multiplicador de las inversiones.

Los 22.371 millones de euros a los que aspira el plan de la Comunidad de Madrid representan el 32% de lo presupuestado en el Plan de Recuperación «España Puede» presentado por el Gobierno de España para el período 2021-2023 y un 15% de la cuantía total que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE pone a disposición de nuestro país entre 2021 y 2026.

El Plan de Recuperación de la Comunidad de Madrid consta de 214 proyectos inversiones y 28 reformas legales, enmarcadas en siete líneas estratégicas. La primera línea estratégica planteada es la Movilidad Sostenible, a la que irían destinados un 35% de los Fondos. En este apartado destacan proyectos como la renovación y ampliación del parque de transporte público, así como su automatización y digitalización y también la construcción de una nueva línea de metro.

El segundo apartado en importancia es la línea estratégica Economía productiva, competitiva, industrial e innovadora, que pretende movilizar un 23% del total de los fondos a los que aspira la Comunidad. En esta destaca la inversión en I+D para desarrollar nuevos polos tractores en la economía del dato y nuevos equipamientos culturales y turísticos.

La línea estratégica de Modelo avanzado de sostenibilidad es la tercera más importante en términos de recursos asignados (20% del total) y tiene como proyectos emblemáticos la construcción y rehabilitación de edificios públicos eficientemente energéticos y la reforma y mejora del ciclo del agua (alcantarillado, depuradoras, etc.) y de los residuos.

Otros proyectos destacados en diferentes ámbitos de actuación son la creación de tres campus para la Formación Profesional, la renovación de los equipos digitales en el ámbito educativo, reformas integrales en tres de los principales hospitales madrileños y la digitalización y modernización la red de oficinas de empleo.

De momento, el Plan de la Comunidad de Madrid no especifica los plazos temporales para la realización de los proyectos ni cita las empresas privadas que podrían participar en ellos.

El proyecto aspira a convertirse en el primer PERTE que atraiga fondos del programa Next Generation EU.

El Gobierno ha anunciado la creación de una fábrica de baterías para coches eléctricos mediante un consorcio público-privado con Seat-Volkswagen e Iberdrola, que está abierto también a otras empresas. El proyecto sería uno de los primeros PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, en optar a las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo.

El proyecto, en palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “va a permitir desarrollar un conjunto de actuaciones que garanticen que existan en España las infraestructuras, instalaciones y mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo eléctrico conectado completo”.

La iniciativa tendría su correspondencia en la convocatoria de Manifestación de Interés que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió en diciembre sobre “Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

El mes pasado, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, anunció los planes para un nuevo vehículo completamente eléctrico de la marca en la fábrica de Martorell. Para ello consideraba imprescindible la creación de una fábrica de baterías que, según Griffiths, debería servir no solo para la marca, sino para abastecer a todos los fabricantes de vehículos eléctricos en España.

La futura fábrica de baterías encajaría en el Plan de Inversiones y Reformas que el Gobierno presentará en Bruselas para para ser financiado con el Fondo de Recuperación-Next Generation EU, ya que se destinarían los recursos a reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización del sector de la automoción en España. La autonomía industrial en un sector clave como las baterías es una parte esencial de este plan.

Los PERTE son una nueva figura de colaboración público-privada entre Administraciones Públicas, empresas y centros de investigación con la que se identificarán aquellos proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía.

Los proyectos presentados todavía están en una fase inicial, ya que deben encajar en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española, cuya versión definitiva aún no se conoce y deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Además, antes del próximo 30 de marzo ha de formalizarse la creación del Registro estatal para los PERTE. Es en este registro donde deberán inscribirse todas las entidades, públicas o privadas, relacionadas con cada proyecto.

Respecto a su aprobación como tal, el Ministerio competente propondrá un proyecto para que sea un PERTE y el Consejo de Ministros deberá aprobarlo. En este caso, el Ministerio de Industria sería quién ha propuesto el PERTE y más adelante el Consejo de Ministros deberá tomar la decisión de aceptarlo.

Los detalles de este PERTE en concreto aún no se conocen. Por su naturaleza, pueden ser de dos tipos:

• Un proyecto único claramente definido en cuanto a objetivos y modalidad de ejecución.
• Un proyecto integrado, compuesto por un grupo de proyectos insertados en unaestructura, plan de trabajo o programas comunes que compartan objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.

Los proyectos que aspiren a ser considerados PERTE deberán cumplir una serie de requisitos:

• Cada proyecto ha de venir acompañado de una memoria explicativa que identifique las medidas de apoyo y colaboración público-privadas proyectadas, así como los requisitos a cumplir por los interesados.
• Los Ministerios deberán elaborar en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de estos proyectos.
• Estos proyectos podrán recibir anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución.

A pesar de que aún no hayan salido las convocatorias definitivas, las empresas deben ser proactivas en preparar la documentación necesaria, buscando sinergias con otros stakeholders y poniendo en valor la importancia que tendrá la financiación privada.

“Con el Fondo Recuperación Europeo, España se está jugando su competitividad como país bajo las premisas de la sostenibilidad, la digitalización, la cohesión social y territorial, y la igualdad. Las empresas deben empezar a trabajar con anticipación y proactividad, haciendo una reflexión sobre en qué ámbitos van a querer transformarse porque los plazos temporales van a ser muy exigentes”. De esta manera, Blanca Montero, Subdirectora General, Directora de Negocios Institucionales y Responsable de Fondos Europeos de Banco Sabadell, explica la importancia de cara al futuro que, para muchas entidades, va a tener el programa Next Generation EU, más coloquialmente conocido como Fondo de Recuperación Europeo, un plan dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones hasta 2026.

Este vehículo es la gran apuesta de financiación europea para la reactivación de la economía continental, a través de dos grandes vectores de transformación: la transición ecológica, con un 37% de los fondos, y la transformación digital, con un 33% del total de los recursos en el caso de España (por encima del mínimo del 20% fijado por la Unión Europea). También serán importantes los programas y las ayudas que tengan como misión la implantación de políticas de igualdad de género. Uno de los objetivos es contribuir a que los sectores de la economía puedan desarrollar mecanismos de resiliencia de cara a hacerlos más resistentes ante futuras crisis.

La anticipación y la proactividad deben guiar a las empresas en la presentación de proyectos, ya que los plazos temporales van a ser muy exigentes

Los fondos que llegarán a España

En el caso particular de España, cabe destacar dos documentos clave para la gestión de estos fondos: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, que el Gobierno va a presentar de manera oficial a Bruselas este mes de marzo; y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública. Tal y como señala Montero, esta nueva norma “intenta facilitar la ejecución de los fondos de Next Generation EU que recibirá España a través de una mayor agilidad administrativa en los trámites, favoreciendo la gobernanza y el diálogo entre las instituciones que gestionarán su reparto e impulsando la colaboración público- privada”.

España podrá acceder, en total, a 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones serán vía transferencias o ayudas directas que se materializarán hasta 2023 y, el resto, en préstamos. En 2021, se espera recibir ya alrededor de 34.000 millones de euros, de los que 26.634 millones ya se han incorporado a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el resto irá dirigido directamente a las comunidades autónomas. A todo este dinero, se sumarán los casi 80.000 millones de euros previstos por los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para el periodo 2021- 2027.

Cómo llegará el dinero a las empresas

Para la asignación de estos fondos, todos los Ministerios afectados necesitan conocer con la mayor precisión posible qué propuestas de proyectos van a recibir, ya que, en principio, gran parte del dinero se distribuirá a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). La vía para calibrar mejor estos potenciales proyectos ha sido la de las manifestaciones de interés, que, como afirma Montero, “hasta la fecha se han lanzado, al menos, 10 y que permiten que los Ministerios tengan un mejor entendimiento sobre el atractivo que supone para las empresas la llegada de estos fondos”.

Los Ministerios han lanzado manifestaciones de interés para calibrar el interés de las empresas; la mayor parte del dinero se distribuirá a través de los PERTE

Uno de los que, recientemente, anunció la finalización del plazo de recepción de propuestas fue el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que confirmó que había recibido más de 750 solicitudes . Precisamente, esta institución ya ha especificado, también, con qué requisitos deberán contar los proyectos que se canalicen a través suyo, como, por ejemplo, que hay una colaboración entre la Administración, las empresas y los centros de investigación; que participen, al menos, cinco entidades privadas; que, de ellas, por los menos, el 40% sean pymes; que estén implicadas más de una comunidad autónoma; o que el presupuesto mínimo sea de 40 millones de euros. “Es una excelente noticia porque eso demuestra que hay interés por parte de las empresas en aprovechar esos fondos para transformarse y consolidar su recuperación tras la crisis económica”, indica Montero.

Proactividad de las empresas

“Hay dos grandes retos en juego para los próximos meses”, señala Montero, en relación a los fondos de Next Generation EU, “la ejecución con éxito de los plazos previstos y que el dinero, efectivamente, llegue a las pymes”. En esta línea, afirma que “las empresas han demostrado a través de su participación en la primera manifestación de interés que desean participar, al igual que los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, los clusters o las universidades”.

“Hay dos grandes retos en juego para los próximos meses: la ejecución con éxito de los plazos previstos y que el dinero, efectivamente, llegue a las pymes”, afirma Montero

Para acceder en la mejor condición posible a estos fondos, Montero recomienda “lo primero de todo, entenderlos, ya que representan un cambio en el paradigma de la direccionalidad de ayudas que ha marcado tradicionalmente la Unión Europea, en la crisis anterior era vía exigencias fiscales o de control del déficit”. Ahora, en cambio, estas ayudas están orientadas a promover reformas que potencien el crecimiento. “Estos fondos no van a solucionar todos los problemas, pero sí van a ser un factor determinante para transformar la economía”.

Montero apuesta porque las empresas, con independencia de su tamaño, “comiencen a trabajar, teniendo presente que estos fondos serán un acompañamiento, pero que lo fundamental es realizar una reflexión estratégica de su negocio y entender cómo van a transformarse basándose en la innovación”. En este contexto, será fundamental que hablen con todos los stakeholders de su cadena de valor “para buscar sinergias y una integración potencial en nuevos proyectos”, lo que significa, también, “ir preparando memorias técnicas y otra documentación con carácter previo a que salgan las convocatorias definitivas porque aquí el tiempo va a jugar un papel fundamental”.

[Para las empresas], “lo fundamental es realizar una reflexión estratégica de su negocio y entender cómo van a transformarse basándose en la innovación”, destaca Montero

Bajo la premisa de “buscar siempre trabajar en entornos colaborativos y promover alianzas”, Montero realiza una recomendación más a las empresas: “Deben tener presente que el Gobierno tendrá que presentar cada seis meses a Bruselas los resultados de las inversiones que se han realizado, por lo que pedirá a las entidades medir los impactos que van logrando, de modo que se puedan evaluar los resultados positivos que ha traído consigo la llegada de financiación a cada proyecto”.

Los distintos Ministerios están intentado conocer mejor los proyectos que optarán a la financiación europea, de cara a agilizar la presentación de convocatorias y, con ello, conseguir que los primeros fondos lleguen durante el segundo semestre de 2021

Europa en general y España en particular afrontan un momento histórico como consecuencia de una pandemia que ha ocasionado numerosas pérdidas humanas y materiales. El 23 de abril de 2020 se presentó en la Comisión Europea un fondo de recuperación, que, apenas tres meses después, se materializó en el Next Generation EU, también conocido como Fondo de Recuperación Europeo, dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones hasta 2026. Ya en 2021, el 11 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que representa alrededor del 90% de los recursos del fondo (672.500 millones de euros), y que se repartirá entre los proyectos que presenten los diferentes Estados miembros, bajo los estandartes de la transición ecológica y la transformación digital, y, en un segundo nivel, de la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

El Gobierno ha comenzado a trabajar para la aceleración de la recepción de los fondos europeos. Entre otras cosas, los ministerios han publicado ya algunas manifestaciones de interés (MDI) orientadas a identificar y localizar proyectos susceptibles de recibir los fondos, con la participación de las empresas.

Y es que el tiempo juega un papel fundamental, ya que el 30 de abril de 2021 es la fecha tope para que se presenten los planes definitivos por parte de cada Estado que incluyan las reformas que se van a acometer para revitalizar el crecimiento y potenciar el empleo, aunque el Gobierno ha asegurado que presentará el plan español en marzo. A partir de ese momento, Bruselas tendrá dos meses para su aprobación. Una vez conseguido, cada país deberá ratificarlo internamente en un plazo de cuatro semanas. Es probable que, completados estos pasos, comience a adelantarse parte de los fondos, siempre bajo la tutela y la supervisión de la Comisión Europea. En todo caso, la presidenta de esta institución, la belga Ursula Gertrud von der Leyen, ha insistido en que “puede que se produzcan retrasos y algunas dificultades” debido a la rapidez con la que se quiere ejecutar todo el proceso.

El papel de las manifestaciones de interés

En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que anunció el Gobierno en octubre de 2020, define, en torno a cuatro ejes de transformación y 10 palancas tractoras, la hoja de ruta para impulsar la recuperación económica del país. De cara a identificar las áreas y los proyectos más relevantes que desean formar parte de las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo, distintos Ministerios han lanzado MDI para poder conocer mejor los pormenores de estos proyectos, así como las empresas que van a participar, los objetivos que persiguen, sus impactos positivos sobre la economía o de qué modo justifican el efecto tractor que van a lograr a través de su puesta en marcha efectiva. Cabe recordar que, en total, el Gobierno español acordó repartir un paquete de ayudas directas de 72.000 millones de euros durante los tres próximos años provenientes del Fondo de Recuperación Europeo, de los que, de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se van a articular alrededor de 27.000 millones a fondo perdido en 2021.

Con la información recogida en las distintas MDI se prepararán convocatorias abiertas a lo largo de las próximas semanas, durante todo el primer semestre de 2021, con la intención, al menos, sobre el papel, de que puedan repartirse los primeros fondos en el segundo semestre del año.

Con la información recogida, se prepararán convocatorias en las próximas semanas con la intención de que los primeros fondos se puedan repartir en el segundo semestre

Las manifestaciones de interés que se han lanzado

5G, redes inteligentes, hidrógeno renovable o economía circular. Estos son algunos de los ejes de las MDI lanzadas con un carácter más digital y sostenible. En otro extremo, también, se han ejecutado otras, en principio, más convencionales pero que pueden tener un impacto económico y social muy relevante, como las centradas en la despoblación, en la competitividad industrial o en la movilidad eléctrica. Aunque la participación en estas iniciativas no genera ningún derecho posterior en relación al acceso a las convocatorias que se lleven a cabo, sí que ayudan sobremanera a ordenar y a agilizar el trabajo de la Administración para establecer aquellas que han suscitado un mayor interés por parte de las empresas.

Por ejemplo, el pasado 20 de enero finalizó el plazo de recepción de propuestas lanzado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para identificar áreas relevantes sobre proyectos relacionados con la competitividad y la sostenibilidad industrial, con dos premisas obligatorias: deben tratarse de proyectos que involucren una cadena de valor industrial representativa con diversa presencia territorial; y tienen que contar con, al menos, cinco entidades participantes, de las que el 40% han de ser pymes. La ministra de esta Cartera, Reyes Maroto, informó de que, solo para esta MDI, se habían recibido más de 750 solicitudes, superando las previsiones.

Además de esta MDI, otros gabinetes han iniciado otras diferentes con objeto de obtener una mayor información sobre las propuestas que se van a presentar por parte de las empresas para acceder al Fondo de Recuperación Europeo.

Quizá el más activo haya sido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha impulsado varias. Entre ellas, cabe citar algunos cuyo plazo finaliza durante el primer trimestre: la centrada en redes inteligentes, almacenamiento energético y flexibilidad (que busca el despliegue del almacenamiento energético, el impulso de las redes inteligentes mediante la inversión en digitalización y el crecimiento de nuevos modelos de negocio que provean de flexibilidad al sistema energético asociados a la transición energética, como la implantación de agregadores); la de Energía en las Islas (para el despliegue de renovables haciendo énfasis en la integración ambiental y territorial, la descarbonización de los sectores económicos y la edificación mediante la integración de energías renovables, y la movilidad sostenible); la de Comunidad Energética (buscando, entre otros hitos, la eficiencia energética, la producción basada en energías renovables y la recarga de los vehículos eléctricos); la de Economía Circular (para crear modelos de negocios más limpios y circulares, que apuesten por el reciclado de productos); o la de Energías Renovables (para impulsar la descarbonización de la industria, el fomento del autoconsumo eléctrico renovable y el desarrollo de las energías marinas).

Por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, su MDI, cerrada el pasado 15 de febrero, se ha centrado en la conectividad digital, el impulso de la ciberseguridad y el despliegue 5G. Sus objetivos han sido los de apostar por lograr que la totalidad de la población tenga cobertura de banda ancha de 30 Mbps en 2023 y, de cara a 2025, alcanzar el 100% de cobertura de 100 Mbps; y, sobre la estrategia 5G, conseguir que en el año 2025 el 75% de la ciudadanía tenga cobertura 5G mediante sus bandas prioritarias (694- 790 MHz, 3.400- 3.800 MHz y 24.25- 27.5 GHz).

Ya se conoce que están próximas otras MDI que se centrarán en temas como la digitalización de las pymes, la movilidad o la agenda urbana.

Los proyectos destinados a luchar contra el calentamiento global liderarán las reformas para la recuperación pos-COVID-19 en España. El 37% de los fondos europeos que recibirá el país tiene por objetivo impulsar la transformación climática en las empresas, las administraciones y en el conjunto de la sociedad.

Las partidas destinadas a la transición ecológica son el buque insignia del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU) tanto a nivel comunitario como español. En línea con las directrices dibujadas por la Comisión Europea, el país destinará el 37% de estas ayudas a proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático y con la protección del medioambiente.

España podría recibir cerca de 71.964 millones de euros en forma de transferencias entre 2021 y 2023 vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se espera que el Gobierno envíe a Bruselas la versión definitiva de este plan a lo largo del mes de marzo y el objetivo es que los fondos comiencen a llegar antes del verano. En cualquier caso, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 ya anticipan 26.634 millones de euros de estos fondos europeos, 6.800 millones de los cuales están destinados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las partidas destinadas a la transición ecológica son el buque insignia del Fondo de Recuperación Europeo

Hacia el objetivo neutralidad climática

Todo ello hace que más de la mitad del presupuesto que consagra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico provenga de Next Generation EU. Estos fondos se centran en energías renovables, proyectos de movilidad sostenible, segura y conectada, infraestructuras eléctricas, planes de construcción y restauración de ecosistemas, e hidrógeno verde, entre otros.

En el caso de España, la prioridad ecológica de los fondos gana especial relevancia, puesto que el país se sitúa entre los más impactados a nivel europeo por los efectos del cambio climático. Ello es así, tanto por la amenaza sobre los recursos naturales, por ejemplo, con el aumento de la desertificación, como desde un punto de vista económico, ya que la ventaja competitiva de sectores estratégicos nacionales como el del turismo o el agroalimentario está intrínsecamente ligada a las condiciones climáticas.

En esta línea, Europa busca ser el primer continente neutralmente climático, algo que espera alcanzar en 2050, por lo que la descarbonización será uno de los desafíos que marquen la agenda española y europea de las próximas décadas y en la que el Fondo de Recuperación Europeo jugará un papel fundamental. Para hacer realidad estas ambiciones, las prioridades de España en este ámbito se articulan en torno al crecimiento de las energías renovables frente a los combustibles fósiles; a la inversión en nuevas tecnologías; al incremento de la electrificación de la economía; y a la mejora de la eficiencia energética.

Así, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el que fija la estrategia del Gobierno para la próxima década en esta materia. El objetivo es que en 2030, el 74% de la generación de energía eléctrica proceda de fuentes renovables, lo cual implica duplicar su capacidad actual instalada. En concreto, el PNIEC prevé un importante crecimiento de la energía eólica y solar a finales de esta década.

En este sentido, cabe destacar que la mayor parte de esta inversión será de carácter privado.

De este modo, el PNIEC estima una inversión de alrededor de 240.000 millones de euros para el periodo entre 2021 y 2030, con cerca del 80% de origen privado.

En este escenario, se espera que los fondos procedentes de Europa estén más presentes e impulsen aquellos segmentos en los cuales se precisa un mayor apoyo público, como en la innovación e integración de las energías renovables en determinados sectores y territorios, el desarrollo de tecnologías y energías en fase de crecimiento o en proyectos relacionados con la electrificación y la eficiencia energética.

Los desafíos de la transición ecológica en España

Las energías renovables tendrán un peso muy importante en el mix energético -las diferentes fuentes energéticas que cubren el suministro de un país- de los próximos años. Por ello, el desarrollo de tecnologías como las baterías que permitan y garanticen su almacenamiento a gran escala y de proyectos centrados en el impulso del hidrógeno verde se perciben como las inversiones necesarias en esta transformación ecológica.

En el sector automovilístico, el salto hacia una movilidad más sostenible y hacia la consolidación del vehículo eléctrico es particularmente sensible para la economía del país. España es el segundo productor de coches a nivel europeo y se encuentra en el ‘top 10’ mundial, por lo que reducir su desventaja respecto a mercados como el asiático para el desarrollo de baterías es una de sus prioridades estratégicas inmediatas.

Asimismo, el Fondo de Recuperación Europeo tendrá un rol relevante en la reducción del consumo energético y de las emisiones de CO2; la digitalización y la modernización de las redes eléctricas; y la apuesta por proyectos destinados a la economía circular, especialmente sobre gestión de residuos y mejora del reciclaje.

En conclusión, como fuerza transformadora versátil, la apuesta ‘verde’ está llamada a alterar los patrones de muchos y muy diferentes sectores de la economía española. Así, desde la edificación hasta el petróleo pasando por la automoción, el turismo o la agricultura, España tiene por delante el desafío histórico de ejecutar las reformas adecuadas con los fondos europeos para construir un mañana más sostenible, digital y cohesionado.

España destina un tercio del Fondo de Recuperación de la UE a proyectos para impulsar la transformación digital de las empresas y la Administración y aumentar las competencias digitales

La transformación digital, uno de los retos más inmediatos de la economía mundial, es también uno de los ejes principales del programa Next Generation de la Unión Europea, y se llevará una buena parte de los 750.000 millones de euros destinados a paliar los efectos económicos de la pandemia causada por el Coronavirus.

Para España, estos fondos son una oportunidad para reducir la brecha digital con los países más avanzados de Europa. La transformación digital es la prioridad en la era post-covid hasta para un 90% de los empresarios a nivel mundial, según un estudio de Zogby Analitics.

España recibirá un total de 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales 71.000 millones serán transferencias directas y el resto se obtendrá en forma de préstamos. El Gobierno ya ha adelantado que dedicará a la transformación digital de la economía al menos un tercio de estas ayudas, una cifra que supera el porcentaje mínimo que la Comisión Europea exige a sus miembros para este apartado, que es del 20%.

En julio de 2020 el ejecutivo fijó sus prioridades digitales con la Agenda Digital 2025, que marca las líneas para lograr una conectividad digital en todo el territorio. Con este fin se destinarán 20.000 millones de euros a acciones concretas en una serie de ejes estratégicos, 15.000 de los cuales provendrán de los Fondos de Recuperación europeos. En los Presupuestos de 2021 el Ejecutivo marcó una inversión prevista para este año de 3.750 millones de euros para la Agenda España Digital, un 97% de los cuales provienen de los Fondos de Next Generation EU. Según La Moncloa, el presupuesto total del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital alcanzará este año los 5.122 millones de euros, triplicando el del año anterior y poniendo así de manifiesto la magnitud del reto que el desarrollo digital del país supone en la actualidad.

El proyecto del gobierno recoge diez ejes de actuación para impulsar la digitalización del tejido productivo y de la sociedad en general. Hasta el momento se han presentado ya seis: en 2020 se aprobaron el Plan de Conectividad, la Estrategia de Impulso al 5G y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó recientemente otros tres: el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, con un presupuesto de 2.600 millones de euros, el Plan de Digitalización de las Pymes 2021-2025, con un presupuesto de 4.656 millones de euros, y el Plan Nacional de Competencias Digitales, con 3.750 millones de euros. Sánchez concretó en su presentación  los ambiciosos objetivos del Gobierno: que al final del periodo el 80% de la población tenga competencias digitales, las pymes tengan un 25% de su volumen de negocio proveniente del comercio electrónico y que la mitad de los servicios públicos funcionen a través de aplicaciones móviles.

El Plan de Digitalización de las Pymes tiene como objetivo llegar a 1,5 millones de empresas, la mitad de este tipo de empresas que hay en España. Hasta un 80% de las entidades receptoras serían autónomos y microempresas. El Plan presentado por el Ejecutivo para la inversión de los Fondos de Recuperación Europeos consta de cinco ejes, con sus correspondientes herramientas:

• La digitalización básica para la pymes, con los programas Digital Toolkit, Bonos de Conectividad PYME, Protege tu Empresa y Acelera Pyme
• El apoyo a la Gestión del Cambio, con programas de formación para directivos, expertos en transformación y agentes del cambio
• La Innovación Disruptiva y el emprendimiento digital, con programas como la Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en Pymes o el Programa de Apoyo a los centros de Innovación Digital (DIH)
• El Apoyo a la Digitalización sectorial, con programas específicos para Industria, Turismo y Comercio, y el eje de Coordinación, eficiencias y reforma, con medidas como la Red Integrada de capacidades de apoyo a las Pymes o el Sello Pyme Digital
• Además, el gobierno impulsará la innovación disruptiva, (Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, Big Data) para aprovechar las oportunidades de la economía del dato mediante programas escalables que se desplegarán mediante la colaboración público-privada

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas tiene previsto movilizar 2.600 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales al menos 600 millones irán destinados a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales, con el objetivo de desarrollar servicios públicos digitales en todo el territorio y garantizar la protección de los datos personales.

Más de 315 millones de euros se destinarán a la transformación digital de sectores estratégicos. Se impulsará así la transformación digital de la sanidad, el turismo, el sector agroalimentario, la movilidad o el comercio. También se fomentarán proyectos transnacionales, en línea con la agenda de política industrial España 2030.

El Plan Nacional de Competencias Digitales contará con un total de 3.750 millones de euros en los próximos tres años. Para impulsar las competencias digitales entre la ciudadanía el Ministerio cuenta con una inversión de 1.097 millones de euros, la gran mayoría de los cuales irán a parar al Plan Nacional de Competencias Digitales (913 millones de euros), que incluye dos programas específicos para el sector educativo, Educa Digital (155,6 millones) y Uni Digital (26 millones).

Respecto al impulso al 5G, la Estrategia de Impulso al 5G contará con 2.000 millones hasta 2025. La meta del Gobierno es alcanzar un 75% de la población con cobertura 5G, y cobertura total en infraestructuras como carreteras o aeropuertos.

La ciberseguridad recibirá más de 213 millones de euros, destinados tanto a empresas como a la ciudadanía en general. El gobierno tiene el propósito de convertir a nuestro país en un nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad, para lo que cuenta con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Además, quiere impulsar el ecosistema emprendedor español en el sector.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aborda el despliegue de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial y la economía del dato, a las que se destinarán más de 330 millones de euros. Esa inversión servirá para desarrollar una serie de líneas concretas de actuación alrededor del desarrollo de algoritmos verdes, la supercomputación, el desarrollo de tecnologías de lenguaje natural o la creación de espacios compartidos de datos, entre otras muchas.

El Spain Audiovisual Hub, por ejemplo, recibirá 109 millones de euros, con el fin de convertir a España en una plataforma destacada a nivel internacional para la atracción de la producción, negocios e inversiones en el sector audiovisual. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró la pasada semana que en pocos días se dará a conocer el contenido de este plan, destinado a reforzar el papel de España como polo de atracción de inversiones en el sector audiovisual y plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en este ámbito, así como en el de los videojuegos. 

Por último, y dentro de esta estrategia, se destinarán más de 15 millones de euros a los derechos digitales. El Gobierno considera que la transformación digital que necesita cualquier país debe ir acompañada de un debate acerca de la actualización de las protecciones legales vigentes ante un mundo digital. En este sentido, el Ministerio ha impulsado, mediante un grupo de expertos, la elaboración de una Carta de Derechos Digitales que será sometida a consulta pública próximamente.

Euskadi Next es el programa elaborado por el Gobierno vasco que recoge una serie de propuestas para canalizar las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo hasta 2026. Un plan que según los expertos destaca por su detalle y concreción, además de ser más ambicioso que el plan elaborado por el Gobierno de España, “España Puede”, que solo contempla un horizonte de inversión hasta 2023. 

Está previsto que las Comunidades Autónomas en 2021 reciban un total de 18.793 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, de los cuales 10.793 millones corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) canalizados a través de los Presupuestos Generales del Estado; y los otros 8.000 millones de euros restantes estarán disponibles a través del mecanismo europeo  REACT-EU. 

Con todo, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar alrededor del 54% del total de los fondos de recuperación este año. 

Euskadi Next es el programa de inversiones para la recuperación, la transformación y la resiliencia del País Vasco que el Gobierno vasco, en coordinación con las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales vascas, ha trasladado al Ejecutivo para su consideración en el marco del destino de los 69.528 millones con los que se dota el MRR en España. 

Así las propuestas presentadas al Gobierno pretenden canalizar los fondos europeos hasta 2026. En este sentido, el País Vasco aspira a movilizar un total de 13.135 millones de euros en los próximos cinco años. 

Cabe destacar que ningún proyecto recibirá una financiación del 100% del Fondo de Recuperación Europeo, por lo que para llevar a cabo los proyectos las empresas deberán recurrir al uso de recursos propios, financiación adicional pública y la financiación bancaria o de los mercados de capitales. 

 

El programa se centra, principalmente, en la sostenibilidad. Tal es así que se propone destinar el 63% de los fondos europeos en este territorio a la transición ecológica, un porcentaje muy superior al del 37%, umbral fijado por la Comisión Europea y recogido en el Plan de Recuperación del Gobierno de España. 

En cambio, solo el 21% de las medidas irá destinado a la transformación digital. Una cifra ligeramente por encima del mínimo fijado por la Unión Europea, que es del 20%; aunque inferior a la meta nacional, que aspira a dirigirá a la digitalización el 33% de los fondos europeos. 

Además, en el documento se recoge un listado de 188 inversiones en ocho ámbitos estratégicos (el acceso a redes y la rehabilitación de viviendas; la movilidad sostenible; la digitalización y la innovación; la generación de energías renovables; la gestión de aguas; la salud y el cuidado de las personas; la economía circular; y el aprendizaje). También se destacan 16 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que fomentan la colaboración público- privada para identificar proyectos singulares. Euskadi Next aporta una gran claridad acerca de los proyectos que el Gobierno vasco pretende llevar a cabo, especialmente en los ámbitos en los que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas.

¿Qué organismos gestionarán los recursos? 

El Gobierno vasco quiere gestionar los fondos directamente a través de cuatro Organismos Intermedios: el Gobierno vasco y las tres Diputaciones Forales. Aunque los Ayuntamientos también participarán, sobre todo en los PERTE y en las inversiones promovidas por la comunidad autónoma. 

Ventajas competitivas del País Vasco

El País Vasco destaca por tener una base de I+D mucho mayor que la del resto de España y por disponer de una larga tradición de apoyo a la competitividad con colaboración público- privada y de universidad- empresa, entre otras fortalezas. Todo ello, provoca que la región disponga de unas bases muy propicias para canalizar los fondos europeos ágilmente.  

En definitiva, Euskadi Next es un plan ejemplar por la agilidad, el desglose, la minuciosidad y la transparencia con la que han explicado para que se quieren usar los fondos en ese Comunidad Autónoma siguiendo las claves de sostenibilidad, digitalización y economía social. 

El Govern de Catalunya ha propuesto 27 proyectos emblemáticos enmarcados en cinco ejes de actuación en el Next Generation Catalonia con el fin de obtener y canalizar los recursos del Fondo de Recuperación Europeo para su territorio. 

Next Generation Catalonia es el plan que ha presentado el Govern de la Generalitat de Catalunya y que recoge los 27 proyectos emblemáticos catalanes candidatos a obtener recursos del Fondo de Recuperación Europeo (también conocido como Next Generation EU), el instrumento con el que la Unión Europea pretende hacer frente a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. 

El plan autonómico cuantifica en 4.500 millones de euros el gasto en los 27 proyectos emblemáticos en 2021; lo que equivale al   16% del total del Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) elaborado por el Gobierno de España. Además, Next Generation Catalonia estima en 41.500 millones de euros el coste del conjunto de dichos proyectos.

Principales líneas de actuación 

Los 27 proyectos han sido seleccionados por la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO) de entre 542 propuestas; y se enmarcan en cinco ejes de actuación. Estos ejes ponen el foco en una o en varias de las 10 políticas tractoras expuestas en el PRTR. 

Las cinco principales líneas de actuación del Next Generation Catalonia son: la economía para la vida (cohesión social, sanidad y sector agroalimentario); la transición ecológica; la transformación digital; la sociedad del conocimiento (formación, innovación e investigación); y el vector transversal (industrialización, turismo, comercio y servicios e infraestructuras competitivas). 

Principalmente el plan se centra en los proyectos para la transición ecológica, uno de los dos vectores de transformación del Fondo de Recuperación Europeo. Por su parte, la transformación digital, el segundo principal objetivo que persigue el Next Generation EU, está integrada en muchos de los proyectos presentados en las diversas líneas de actuación. 

Para llevar a cabo estos ejes de actuación, cabe destacar la creación de dos consorcios, que serán los encargados de impulsar proyectos conjuntos en los ámbitos de sostenibilidad y de digitalización: el Consorci català per la sostenibilitat del territori y el Consorci català pels serveis de digitalització. 

Además, según señalan desde Banco Sabadell, Next Generation Catalonia beneficia al sector de la automoción debido a la importante inversión planeada en el vehículo eléctrico y en baterías. 

Con el fin de facilitar la gestión y la ejecución de los fondos que corresponden a Cataluña, el Govern ha aprobado un decreto ley que permitirá la simplificación de los trámites administrativos a través de cuatro ámbitos: la contratación pública, la gestión presupuestaria, las subvenciones y las ayudas, los convenios y los consorcios, así como medidas para la gestión estratégica de los recursos humanos. 

Hasta un 37% de los Fondos de Recuperación destinados a superar la crisis del COVID-19 están relacionados con la lucha contra el cambio climático, con el ambicioso objetivo de lograr una reducción del 55% de las emisiones contaminantes en 2030

La recuperación de la economía tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 será a todas luces una recuperación verde. El Gobierno de España aplaude la reciente resolución de la Comisión Europea de apostar por el objetivo más ambicioso de los dos que estaban siendo considerados, la reducción del 50% de las emisiones contaminantes para 2030. La apuesta europea por esta última cifra muestra la voluntad de la UE por ir más allá de los acuerdos de París y liderar la transición hacia una economía neutra en emisiones de CO2.

Esta política queda reflejada claramente en los Fondos de Recuperación europeos, vertebrados a través del programa Next Generation UE. Hasta un 37% del presupuesto de la UE y de los fondos se destinará a la lucha contra el cambio climático en todas sus variantes. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado esta decisión de “muy buena noticia” porque pone de manifiesto que la transición ecológica “es un vector de creación de empleo, de modernización de la industria, de resiliencia, de fortalecimiento de nuestras infraestructuras y de nuestras ciudades”.

Además de las partidas directamente relacionadas con el cambio climático, la mayoría de gastos financiables tendrán un componente medioambiental y verde. El acuerdo alcanzado en la UE establece claramente que todas las políticas y programas europeos no solo contribuyan a la agenda climática, sino que la integren y la refuercen haciendo efectivo el principio de “no harm.”

El Pacto Verde o Green Deal europeo (en terminología que quiere recordar al New Deal de Roosevelt de los años 30 en EE.UU.) vertebra la política medioambiental de la UE. Pretende movilizar un billón de euros durante diez años para lograr economía baja en emisiones de carbono. Los estados receptores de los Fondos de Recuperación Europeos han de seguir las directrices de este plan. La UE aprobará próximamente una Ley Europea del Clima para dotar de entidad jurídica al Green Deal.

El Pacto Verde se fundamenta en varios pilares o líneas de actuación, entre ellos:

La biodiversidad, elemento clave para la economía y la alimentación mundial, es uno de los ejes del Green Deal europeo. Se calcula que las cosechas mundiales de trigo, arroz y maíz disminuyen entre un 3% y un 10% con cada grado de calentamiento del clima mundial sobre los niveles históricos. La protección de la biodiversidad incluye medidas como:

• Crear zonas protegidas en al menos el 30% del suelo de Europa y el 30% de los mares de Europa
• Restaurar los ecosistemas dañados o degradados, con acciones como la reducción de hasta un 50% del uso de pesticidas
• Desbloquear 20.000 millones de euros anuales para la biodiversidad, en acciones públicas y privadas
• Centrarse en los tres sectores clave: construcción, agricultura y alimentación

La estrategia europea llamada De la granja a la mesa está destinada a garantizar una transición justa para los sectores agrícola y marítimos, combatir el fraude alimentario y reducir el uso de plaguicidas, abonos y antibióticos, así como desarrollar técnicas agrícolas y pesqueras innovadoras. Es importante destacar que todas las importaciones de alimentos de terceros países deberán cumplir las normas medioambientales de la UE. 

Quizás el tema más importante, teniendo en cuenta que el 75% de las emisiones de carbono causantes del efecto invernadero en la UE provienen de la producción de energía y que en 2017 solo el 17% de la energía europea provenía de fuentes de energía renovable.

Para alcanzar el ambicioso objetivo de reducir las emisiones contaminantes en un 55% para 2030, la UE propone una serie de medidas:

• Conectar e integrar de manera más eficiente las fuentes de energía renovables a la red, e interconectar los sistemas energéticos
• Fomentar las tecnologías innovadoras y las infraestructuras modernas
• Impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los productos
• Descarbonizar el sector del gas y fomentar la integración inteligente en todos los sectores
• Ayudar a los países de la UE a combatir la pobreza energética y capacitar a los consumidores
• Incrementar la cooperación transfronteriza y regional con el objetivo de compartir mejor las fuentes de energía limpia
• Promover las normas y tecnologías energéticas de la UE a nivel mundial
• Desarrollar la energía eólica marina en Europa

Se articula en torno a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que está destinada a aunar tres objetivos: la sostenibilidad económica, social y medioambiental. La reforma de la PAC ha quedado aplazada a enero de 2023 debido a las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. El Reglamento de Transición aprobado mantendrá la mayor parte de las políticas actuales de la PAC, pero introducirá ya algunas mejoras. A lo largo de 2021 la UE presentará sus planes para actualizar estrategia forestal y el objetivo de contaminación cero para proteger agua, aire y suelo. Algunas metas claras ya están definidas:

• Industria sostenible
• La UE apuesta por una política industrial basada en la economía circular
• El desarrollo de nuevos mercados para productos climáticamente neutros y circulares
• La descarbonización de sectores de gran consumo de energía, como el acero y el cemento
• Una política de productos sostenibles basada en la reutilización y el reciclaje, que también afectará a los productos importados de terceros países. Por ejemplo, la Comisión propondrá que todos los envases de la UE sean reutilizables para 2030

Como hemos visto, la UE tiene un ambicioso proyecto de inyección de un billón de euros en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático en un periodo de diez años. El próximo presupuesto a largo plazo cubrirá un período de siete años, de 2021 a 2027, con fuertes inversiones en temas directamente relacionados con el medio ambiente. La Comisión ha propuesto consagrar el 25 % de sus fondos a la acción climática y al gasto medioambiental en múltiples programas. Sin embargo, la UE ya advierte que el presupuesto comunitario, por sí solo, “no es suficiente para atajar el cambio climático ni para satisfacer las enormes necesidades en materia de inversión a escala mundial.” Así pues, los estados miembros y los agentes privados “tendrán que colmar este déficit.”

Para garantizar que ningún país, sector económico o grupo social se quede rezagado, la UE ha creado el  Mecanismo para una Transición Justa, que realizará inversiones por un valor mínimo de 100 000 millones de euros durante el período 2021-2027 con fondos del presupuesto de la UE, cofinanciación de los Estados miembros y contribuciones de InvestEU y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Extrapolado a un período de más de diez años, el Mecanismo para una Transición Justa movilizará unos 143 000 millones de euros.

A continuación, se destacan las novedades normativas del Reglamento 2020/2093, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021- 2027, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Este Reglamento aprueba un MFP a largo plazo y focalizado en la transición ecológica y la transformación digital para todos los Estados miembros. Además, en este marco se recogen los límites máximos anuales de gastos que, a su vez, deberán ser respetados por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

El Reglamento aprueba un marco financiero plurianual focalizado en la transición ecológica y la transformación digital

Así pues, para el periodo 2021- 2027 las cantidades son las siguientes: mercado único, innovación y economía digital, 132.781 millones de euros; cohesión, resiliencia y valores, 377.768 millones de euros; recursos naturales y medioambiente, 356.374 millones de euros; migración y gestión de las fronteras, 22.671 millones de euros; seguridad y defensa, 13.185 millones de euros; vecindad y resto del mundo, 98.419 millones de euros; y administración pública europea, 73.102 millones de euros. De todas formas, se prevé que la Comisión Europea revise y realice ajustes cada año sobre la anualidad.

También, el MFP considera la disposición de asignaciones adicionales para programas específicos para el periodo 2022- 2027, y que se distribuyen en los siguientes:

• Horizonte Europa
• Fondo InvestEU
• EU4Health
• Erasmus+
• Europa Creativa
• Derechos y Valores
• Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras

El Reglamento en cuestión también establece la posibilidad de realizar ajustes al MFP para los casos de medidas vinculadas a la buena gobernanza económica y al régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE, así como nuevas normas o programas de gestión compartida.

Asimismo, el MFP dispone de, por un lado, la creación de nuevos instrumentos especiales temáticos como, por ejemplo, El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia y la reserva de ajuste al Brexit; y, por otro lado, no temáticos, como el Instrumento de Margen Único o el Instrumento de Flexibilidad.

Para finalizar, cabe destacar que en el Reglamento también se detalla que la Comisión Europea deberá presentar una propuesta para el siguiente MFP antes del 1 de julio de 2025.

En el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RD-ley 36/2020).

El RD-ley 36/2020 tiene como objeto establecer las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, la presupuestación, la gestión y la ejecución de las actuaciones que se puedan financiar con las ayudas europeas, principalmente las provenientes del Fondo de Recuperación Europeo.

Uno de los puntos a destacar es la regulación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs), como una nueva figura de colaboración público- privada para la ejecución de proyectos. El PERTE puede consistir en un proyecto único y definido o en un proyecto integrado, compuesto por un grupo de proyectos insertados en una estructura. Y, son proyectos considerados estratégicos que tendrán una tramitación preferente de urgencia.

Además, el RD-ley 36/2020 también señala los criterios a considerar para la declaración de un PERTE. Con todo, un proyecto deberá: representar una importante contribución al crecimiento económico, al empleo, a la competitividad industrial y a la economía española; permitir combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos; ser innovador o contar con un valor añadido en términos de I+D+i; favorecer la integración y el crecimiento de pymes, así como el impulso de entornos colaborativos; contribuir a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y ser importante cuantitativa o cualitativamente.

Desde la entrada en vigor del RD-ley 36/2020 y con un plazo de tres meses, se pondrá en funcionamiento el Registro estatal de entidades interesadas en los PERTEs, y que dependerá del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de inscribir todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE. También, el documento señala que la inscripción en el Registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones.

El RD-ley 36/2020 regula las agrupaciones como un instrumento de colaboración público- privada para la presentación de solicitudes a convocatorias de ayudas para actividades relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, se establece que podrán beneficiarse de las subvenciones las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica.

Además, los participantes de la agrupación deberán suscribir, previamente a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno en el que se regule su funcionamiento, así como, que los miembros deberán tener responsabilidad solidaria y que se podrán sustituir o variar. Aunque es necesario destacar que la agrupación no se podrá disolver hasta que haya transcurrido y finalizado el plazo de prescripción.

Asimismo, se destaca que la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mediante contratos de concesión de obras o de servicios sujetos a regulación armonizada, podrá ser adjudicada a una sociedad de economía mixta, es decir, en la que concurra mayoritariamente capital público con capital privado.

La tramitación de las solicitudes se deberá realizar a través de las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y los organismos competentes, quienes, además, podrán difundir información con el propósito de incrementar la transparencia y generar una mayor concurrencia de interesados.

La tramitación de las solicitudes se deberá realizar a través de las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y los organismos competentes

En un inicio, se planteó la creación de un Portal de Ventanilla Única de carácter informativo para atender a las personas o a las entidades interesadas en participar en convocatorias derivadas del Fondo de Recuperación Europeo. Pero, finalmente, la iniciativa no prosperó.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que se crean cinco nuevos órganos de gobernanza para la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas estructuras son las siguientes:

• Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estará presidida por el Presidente del Gobierno y en ella, participarán todos los Ministerios, así como las Secretarías de Estado, cuya vinculación a la ejecución del Plan sea mayor.Comité Técnico. Estará compuesto por un máximo de 20 miembros, y se encargará de dar soporte técnico y legal a la Comisión, entre otras funciones.
• Unidad de Seguimiento del Plan de Recuperación en la Presidencia del Gobierno. Este órgano deberá proporcionar información al Presidente del Gobierno y llevará a cabo un seguimiento del Plan.
• Foros y grupos de alto nivel de los principales sectores implicados. Contarán con la participación de departamentos ministeriales, representantes del sector privado, agentes sociales, colectivos y sociedad civil.
• Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las Comunidades y Ciudades Autónomas. Estará liderada por la Ministra de Hacienda.