2022 está siendo un año clave en la recepción de las ayudas del fondo europeo Next Generation EU. El país continuará recibiendo ayudas europeas y, además, se concretarán nuevos proyectos. En 2021, la Comisión Europea entregó 9.000 millones de euros en concepto de anticipo a España y dio también luz verde a un primer pago de 10.000 millones de euros.

A cierre del año pasado, los distintos ministerios ya habían publicado y completado 25 manifestaciones de interés (MDI) en las que se identificaron en torno a 18.000 proyectos como potenciales candidatos a recibir financiación. Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital solicitó a algunas comunidades autónomas que procedieran a la identificación de proyectos tractores que pudieran incluirse dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español.

Cabe recordar que los cuatro ejes transversales sobre los que se repartirán los fondos europeos (y que deben guiar la presentación de proyectos por parte de las empresas) son: la transición ecológica (que copará el 37% de las ayudas europeas), la transformación digital (33%), la cohesión social y territorial y la igualdad social y de género (que se repartirán el 30% restante).

A lo largo de los próximos meses se irán lanzando nuevas convocatorias para la elección de los proyectos que serán receptores de financiación, en especial bajo la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

En julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el primer PERTE centrado en el impulso de la movilidad sostenible, con un volumen de 24.000 millones de euros de los que 4.300 millones de euros corresponden a inversión pública. En noviembre, se anunció un segundo PERTE, bajo el nombre ‘Nueva economía de la lengua’ para impulsar el idioma como activo económico, que fue aprobado en marzo de 2022.

Existen, además, otros PERTE centrados en:

• La salud de vanguardia, para mejorar la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y preventiva en el Sistema Nacional de Salud.
• Las energías renovables, el hidrógeno renovable y almacenamiento, con el objetivo de apuntalar ciertas áreas asociadas a la transición ecológica en la economía española.
• El ámbito agroalimentario, para promover el desarrollo integrado de toda la cadena agroalimentaria a través de la digitalización de los procesos y de la incorporación de conocimiento e innovación.
• La economía circular, con el objetivo de contribuir a lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
• La industria naval, para diversificar el sector hacia nuevos productos, fortaleciendo su digitalización y potenciando la mejora de su sostenibilidad medioambiental y la capacitación de sus empleados.

Además, hay otros en estudio, pendientes de su aprobación en Consejo de Ministros, focalizados en:

• La economía social de los cuidados, que pretende potenciar y consolidar las alianzas entre los centros de investigación, las organizaciones, las cooperativas y las entidades de todo el país que trabajan en la economía social.
• La industria aeroespacial, para mejorar y generar capacidades tecnológicas e industriales en este sector.
• La digitalización de los usos del agua, centrado en transformar y modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto para el ciclo urbano del agua, como para el riego y los usos industriales.

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España se ha comprometido a cumplir a lo largo de 2022 con 178 de los 416 hitos pactados con la UE para continuar recibiendo las ayudas europeas. Si se alcanza este objetivo, a finales de este año se habrá completado el 43% de los compromisos marcados en el PRTR hasta 2026. En virtud de ello, el Gobierno recibirá dos desembolsos económicos más:

• Durante el primer trimestre de 2022: 12.000 millones de euros ligados a la reforma laboral, la reestructuración del sistema de pensiones, la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada o el refuerzo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como entidad independiente de supervisión del gasto público.
• Durante el último trimestre de 2022: 6.000 millones de euros sujetos a la consecución de 29 hitos, como la lucha contra el fraude fiscal, la ciberseguridad o la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social.

La importancia de la adecuada recepción de los fondos europeos en tiempo y en forma es crítica tanto para las empresas como para la buena marcha de las Cuentas Públicas. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 se incluyen algo más de 27.000 millones de euros correspondientes a los fondos europeos.

Además, el Ejecutivo tiene marcados algunos hitos en su agenda para el segundo semestre de 2022 que pueden suponer oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Destaca la puesta en marcha de al menos 50.000 nuevas plazas de formación profesional (FP), la ejecución de en torno al 30% de los 3.000 millones de euros que se invertirán en actividades para digitalizar las pymes por medio del Programa Kit Digital, la adjudicación de casi 900 millones de euros en proyectos de I+D+i público- privados, o la inversión de 1.173 millones de euros en la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

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Hasta 2026, España recibirá alrededor de 200.000 millones de euros de la Unión Europea (UE), de los que en torno a 150.000 millones provendrán del fondo europeo Next Generation EU, mientras que el resto corresponderá al marco financiero plurianual. Estas ayudas europeas suponen una oportunidad y un reto para las empresas. Por ello, es fundamental conocer qué tipo de proyectos pueden recibir estos fondos y qué características deben tener.

Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español se articulan 10 políticas que actúan como palancas para desarrollar 30 líneas de actuación.

Está previsto que del fondo europeo Next Generation EU se destine un 37% del total a la transición ecológica; un 33% a la transformación digital; y el 30% restante a la cohesión social y territorial y a la igualdad. Por lo tanto, para acceder a las ayudas europeas es condición necesaria que los proyectos se enmarquen dentro de alguna de estas líneas estratégicas.

En este sentido, las empresas y los autónomos pueden optar a los fondos europeos por tres vías:

• Ayudas o subvenciones directas que lleven a cabo las autoridades competentes, fundamentalmente los ministerios, y que se pueden realizar por concurrencia simple (se seleccionan los proyectos por estricto orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos) o a través de concurrencia competitiva (al mejor proyecto).
• Convocatorias que lancen las comunidades autónomas, que adjudicarán los fondos europeos vía licitación, ayuda o subvención, y que, a su vez, se pueden conceder por concurrencia simple o por asignación directa de los ayuntamientos.
• Inversión indirecta, bien a través de empresas públicas o de direcciones generales, o mediante licitaciones de contratos de obra a empresas privadas.

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Para propiciar la colaboración público- privada, el Gobierno ha puesto en marcha la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que persiguen promover el desarrollo de proyectos con una gran capacidad de arrastre para la economía. Para garantizar su eficacia, los ministerios llevan a cabo peticiones de manifestaciones de interés (MDI) con las que analizar posibles ámbitos de actuación.

Cada PERTE es aprobado por el Consejo de Ministros, con el compromiso de que todas las entidades que participen suscriban una serie de normas comunes para acreditarse en el registro estatal de organizaciones interesadas en este tipo de proyectos.

Hasta el momento, los PERTE anunciados por el Gobierno están centrados en la movilidad sostenible; el impulso del idioma como activo económico, conocido como Nueva Economía de la Lengua; la salud de vanguardia; la economía circular; las energías renovables y la digitalización de sectores como el agroalimentario y el naval.

Aunque ningún sector queda excluido de recibir las ayudas europeas, hay algunos que son más susceptibles de obtener aprobación, habida cuenta de que fueron especialmente afectados por la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, como el sanitario, el turístico, el de la automoción o el industrial. De hecho, uno de los elementos que puede propiciar un mayor éxito son los consorcios para acceder al fondo europeo Next Generation EU, es decir, uniones de varias entidades y de diferentes segmentos económicos que se alían en una estrategia conjunta, debido a que cuentan con objetivos comunes en torno a un mismo proyecto, aunque manteniendo por completo su independencia.

Para que se ejecuten con las mayores probabilidades de éxito las colaboraciones público- privadas es fundamental el apoyo del sector bancario. En palabras de Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos de Banco Sabadell, “la banca tiene un rol sectorial para cohesionar el tejido productivo y cuenta con un valor añadido de una red de contactos en administraciones, empresas y distribuidores que se anticipa clave para descongestionar las cargas burocráticas”.

Así, el papel de las entidades bancarias va a ser clave para complementar las necesidades económicas que tengan las empresas y los autónomos, acompañándoles en todo el proceso.

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El Gobierno destinará 24.600 millones de euros a convocatorias para la distribución del fondo europeo Next Generation EU durante el primer semestre de 2022, a través tanto de subvenciones como de licitaciones. Alrededor de 20 tienen como foco a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los autónomos, en especial en el ámbito de la digitalización. Además, habrá otras áreas más específicas en las que también podrán optar a recibir ayudas europeas, como la rehabilitación de sus entornos de trabajo para que sean energéticamente eficientes o, en sectores como el del turismo, recibiendo apoyo económico para promover la sostenibilidad en esta industria.

Dentro del segmento específico de ayudas para pymes y autónomos en el primer semestre de 2022, el plan que suma un mayor volumen económico es la primera convocatoria del Programa Kit Digital. Cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros, que llegará mediante la concesión de una subvención, en forma de bono digital de 12.000 euros, que se deberá consumir a través de la contratación de una o varias soluciones de digitalización de las disponibles en un catálogo.

Entre las subvenciones del Programa Kit Digital destacan las relacionadas con la ciberseguridad de los pequeños negocios, con las nuevas soluciones digitales de gestión y de administración de la actividad, con la promoción de iniciativas de innovación vinculadas a la sostenibilidad o con el fomento del empleo. Cada ayuda podrá canjearse a través de las empresas acreditadas como agentes de digitalización, por ejemplo, en servicios como la digitalización de la contabilidad, la creación de páginas web profesionales o de soluciones de comercio electrónico, el desarrollo de un plan SEO (Search Engine Optimization) o la gestión de las redes sociales.

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Por su parte, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también publicará convocatorias que afectarán directamente a las pymes y a los autónomos. Por ejemplo, se invertirán 66,6 millones de euros en potenciar zonas comerciales a través de negocios más sostenibles. También será el encargado de establecer un fondo tecnológico de 50 millones de euros para conceder subvenciones destinadas a inversiones tecnológicas para comerciantes y asociaciones de comerciantes. Para apoyar la internacionalización, este ministerio pondrá en marcha, por un lado, el programa VIVES para que empleados y autónomos puedan realizar colaboraciones con empresas internacionales, e INNOVA Invest, un programa de apoyo a la inversión en España por parte de pymes de capital extranjero en actividades de I+D.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social también va a poner en marcha convocatorias a las que pueden optar las pymes y los autónomos, aunque con unas cuantías más limitadas. Estarán enfocadas en ámbitos como la ampliación y la modernización del sistema de la plataforma de Balanceadores de Carga del Ministerio, la ampliación de las licencias de la plataforma de clusterización de este organismo, la gestión de licencias de sistemas de administración de bases de datos relacionales, la ampliación de la plataforma de equipos multifunción, el desarrollo, mantenimiento y soporte técnico de la infraestructura Software as a Service (SaaS), o el desarrollo de una aplicación web que permite a los hospitales enviar datos de ocupación diariamente.

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Además de las ayudas correspondientes al fondo europeo Next Generation EU, las pymes y los autónomos pueden acceder a otras, como, por ejemplo, el Plan Moves III (para la compra de vehículos híbridos enchufables o eléctricos) y el Fondo Next Tech (para fomentar los proyectos digitales innovadores de alto impacto). También existen otras ayudas específicas centradas en la rehabilitación energética de edificios, en el emprendimiento digital femenino o en la integración dentro de los negocios de la inteligencia artificial (IA) y de la robotización.

Para optar a estas y a otras ayudas, el asesoramiento bancario puede ser clave para su identificación y su preparación. Además, el papel de las entidades va a ser fundamental para complementar las necesidades económicas que tengan las empresas y los autónomos, acompañándoles en todo el proceso.

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España recibirá hasta el año 2026 140.000 millones de euros del fondo europeo Next Generation EU. Para las empresas y para los autónomos resulta fundamental conocer el modo en el que se van a canalizar estas ayudas y cómo acceder a ellas. Por ello, a continuación se responden a algunas de las principales cuestiones relacionadas con los fondos europeos, bajo el prisma de resultar de la mayor utilidad posible.

La misión principal de este instrumento es ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en la recuperación económica tras la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. Se compone de dos instrumentos principales:

• Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). Tiene como objetivo complementar la inversión y las reformas en los Estados miembros. Está dotado con 723.800 millones de euros, de los cuales 385.800 millones se destinarán a préstamos y 338.000 millones serán transferencias no reembolsables.
• REACT- EU. Instrumento de ayuda para la cohesión de los territorios de la UE, con una recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. Su presupuesto es de 50.600 millones de euros, de los que España recibirá 12.400 millones de euros que, en su mayor parte, serán asignados a las comunidades autónomas.

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En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) recoge los cuatro ejes que marcan la distribución las ayudas europeas: la transición ecológica (que aglutinará el 37% de los fondos), la transformación digital (33% de los recursos), la cohesión social y territorial y la igualdad de género (con el 30% restante). Dentro del PRTR se desarrollan 10 políticas palanca que integran 30 líneas de actuación.

La distribución de los fondos europeos entre las empresas se va a llevar a cabo mediante tres vías principales:

• Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que fomentan la colaboración público- privada para la identificación de planes singulares.
• Las subvenciones para la financiación de activos privados a través de convocatorias de concurrencia competitiva.
• Los procedimientos de licitación pública.

Cualquier empresa o autónomo puede acceder a las convocatorias publicadas por un ministerio, una comunidad autónoma o un ayuntamiento. Todo proyecto que se presente a una convocatoria debe cumplir una serie de requisitos: no ocasionar un perjuicio significativo al medioambiente, responder a las características específicas de cada convocatoria, justificar debidamente la cuantía de las ayudas que se precisan y, en el caso de las subvenciones, cada proyecto debe cumplir con los requisitos recogidos en la Ley General de Subvenciones.

El PRTR incluye un componente, el número 13, centrado en las pequeñas y medianas empresas (pymes), bajo el título ‘Impulso a la pyme’. Está focalizado en el emprendimiento, en el crecimiento de estas compañías, en su digitalización e innovación, en el apoyo al comercio y en la internacionalización. Cuenta con una dotación de 4.894 millones de euros. Entre los principales programas que desarrolla, se encuentran:

• El Programa Kit Digital, que pretende promover la digitalización de las pymes y de los autónomos.
• El programa de apoyo a clústeres empresariales innovadores.
• Los planes de acción de internacionalización empresarial.
• La Estrategia Española de Emprendimiento.
• La Agenda España 2025.

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Para agilizar la presentación de convocatorias y poder conocer mejor los proyectos que optan a la financiación europea, los ministerios están publicando Manifestaciones de Interés. De este modo, es posible tener una mayor información sobre las empresas que van a participar, los objetivos que persiguen y sus impactos sobre la economía. Con la documentación recogida de cada Manifestación de Interés, se preparan posteriormente convocatorias abiertas.

La Comisión Europea dispone de instrumentos de control para supervisar cualquier inversión que se realice con cargo a estos fondos europeos. Anualmente elabora un informe de verificación por industria y por país. Cada Estado miembro debe, además, garantizar la rendición de cuentas, facilitando la información financiera periódica a este organismo cada seis meses en relación a la distribución de estas ayudas, a lo que se debe sumar una auditoría realizada por una entidad externa. Las comunidades autónomas están obligadas a presentar de manera periódica informes al Gobierno en relación al destino y a la gestión que se esté haciendo de los fondos europeos.

En cualquier caso, lo más recomendable es acudir al gestor del banco, que responderá cualquier duda que tengan los responsables de una empresa acerca del fondo europeo Next Generation EU, asesorando después de estudiar cada caso sobre cuál puede ser la alternativa más adecuada para cada negocio.

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España tiene ante sí una gran oportunidad de reactivar su economía gracias a la llegada de los fondos procedentes de la Unión Europea (UE), cuyo principal baluarte es el fondo europeo Next Generation EU. Se trata de un plan dotado con 750.000 millones de euros, de los que España recibirá 140.000 millones de euros hasta el año 2026. Desde el punto de vista de las empresas, es muy importante conocer de qué manera se canalizarán estas ayudas y cuáles son los objetivos prioritarios para el Gobierno con ellas.

En España, las pequeñas y medianas empresas (pymes) suponen el 99,8% del tejido empresarial y dan empleo a alrededor de dos terceras partes de la población activa (más del 66%). Según un estudio del Banco de España, las pymes facturaron un 2% menos que sus sectores respectivos durante el tercer trimestre de 2021 con respecto al último trimestre de 2019, es decir, antes del estallido de la pandemia. Entre las conclusiones del documento se destaca que a la pérdida de cuota de mercado frente a las compañías de mayor tamaño se ha sumado una caída en la competitividad todavía mayor durante la fase de recuperación, agravada especialmente en el último semestre de 2021.

Esto refleja que las pymes han sido las más expuestas y vulnerables al incierto contexto económico, pero, paradójicamente, también son las que presentan una mayor oportunidad de transformación y de reactivación gracias a las ayudas del fondo europeo Next Generation EU.

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Este plan de ayudas se estructura en torno a dos vectores principales de transformación: la transición ecológica, que aglutinará un 37% del total de los fondos; y la transformación digital, que, en el caso español, absorberá un 33% de los recursos. Además, hay otros dos ejes transversales, como son la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, se desarrollan las 10 políticas palanca que integran 30 líneas de actuación. Precisamente, en el PRTR se insta a las pymes a formalizar alianzas y consorcios para disponer de un mayor potencial de arrastre y, con ello, poder optar a un mayor número de ayudas.

La industria bancaria va a desempeñar un papel fundamental para cofinanciar las inversiones, canalizar las ayudas y ejercer un efecto de amplificación. Como indica Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos de Banco Sabadell, “la banca tiene un rol sectorial para cohesionar el tejido productivo y cuenta con un valor añadido de una red de contactos en administraciones, empresas y distribuidores que se anticipa clave para descongestionar las cargas burocráticas”. En esta línea, la experta afirma, además, que el sector bancario “será clave en la cofinanciación de los proyectos, muchos de los cuales no estarán cubiertos al 100% por el paraguas del PRTR. En paralelo, cuenta también con la capacidad tecnológica y técnica necesaria para la canalización de estas ayudas”.

Por otro lado, las pymes pueden encontrar también ayuda para optar a estos fondos europeos gracias a sus respectivas asociaciones sectoriales. Tanto las cámaras de comercio, los colegios profesionales, las asociaciones empresariales territoriales y sectoriales, como las patronales, encabezadas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), los clusters y las universidades están teniendo un papel muy activo en la identificación de proyectos y en la proporción de información y asesoramiento para las empresas.

Tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, la distribución del fondo europeo Next Generation EU entre las empresas se va a llevar a cabo mediante tres instrumentos principales:

• Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que fomentan la colaboración público- privada para la identificación de proyectos singulares.
• Las subvenciones para la financiación de activos privados a través de convocatorias de concurrencia competitiva.
• Los procedimientos de licitación pública.

La colaboración pública- privada, según recoge la normativa, se estructura gracias a tres vías: las agrupaciones, que deben constituirse antes de llevar a cabo una solicitud aunque estén condicionadas a ser beneficiarias de una ayuda; los consorcios, que precisan de un informe favorable previo del correspondiente Comité Técnico; y las sociedades de economía mixta, que estarán formadas por una mayoría de capital público con capital privado. Para lograr el éxito en una de estas convocatorias, las empresas tienen que pensar en fórmulas de colaboración, incluso, entre competidores, aglutinando el mayor número de intereses con un enfoque integrador, que pueda ser medible y verificable más adelante.

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Un informe de KPMG y la CEOE subraya que, aunque al 45% de las empresas en España le gustaría beneficiarse de estas ayudas, el desconocimiento acerca de cómo acceder a ellas supone un gran obstáculo para plantearse acudir a alguna convocatoria. Por ello, los empresarios van a tener que estar atentos para informarse acerca de las diferentes convocatorias que publicarán los ministerios, los organismos dependientes, las comunidades autónomas o las entidades locales. Para ellos, va a suponer un reto pero, también, una gran oportunidad, lo que les va a obligar a realizar una reflexión estratégica para ver cómo la empresa debería transformarse a futuro en alguno de los ejes prioritarios.

En este contexto, el asesoramiento va a ser clave para que las pymes revisen adecuadamente sus estrategias, preparen sus estructuras financieras y su capacidad de endeudamiento de cara a las potenciales ayudas. Por ello, el papel de las entidades financieras será determinante, tanto para complementar las necesidades económicas que tengan las empresas, como para ofrecerles un servicio de información, de asesoramiento profesionalizado y de acompañamiento en el proceso que les aporte seguridad y confianza y les permita beneficiarse y aprovechar de manera óptima los fondos.

Para lograr este propósito, entidades como Banco Sabadell, a través de un acuerdo con PwC, ya están trabajando activamente en ofrecer este asesoramiento a las empresas, poniendo a su disposición a un equipo de más de 100 consultores especializados que acompañarán a las organizaciones en todo el proceso de planteamiento de proyectos y de solicitud del fondo europeo Next Generation EU.

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El PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) de la automoción tiene por objetivo «reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización sel sector automoción a partir de la creación del ecosistema necesario para poder fabricar y desarollar de manera integral el vehículo eléctrico y econtado en España». Para ello, el PERTE incorpora dos tipos de medidas: por un lado, las que define como transformadoras para impulsar la cadena de valor del VEC, entre las que destacan un plan tecnológico de automoción sostenible, actuaciones integrales de la cadena industrial o un programa para integrar la inteligencia artificial en procesos productivos. Por otro lado, las medidas facilitadoras para la creación de una nueva movilidad, en las que se incluyen, entre otras, el Plan Moves III, el despliegue de las 5G o planes de formación.

La iniciativa abarca la producción de vehículos eléctricos y todo su entramado empresarial, y supone el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Según anunció Sánchez, la inversión se repartirá entre 18.714 millones del sector público y otros 4.295 del sector privado.

El Gobierno pretende convertir a España en un hub europeo de la automoción eléctrica con este plan de inversiones, que abarcarán toda la cadena de valor, desde la investigación, la producción de coches y motores, el ensamblaje o fabricación de baterías, así como la extracción de las materias primas necesarias.

La implantación del plan VEC podría suponer, según estimaciones oficiales, una contribución entre el 1% y el 1,7% al PIB del país, y generar más de 140.000 puestos de trabajo. En 2023, España podría contar con unos 250.000 vehículos eléctricos matriculados.

El Consejo de la UE (ECOFIN) ha aprobado el Plan de Recuperación de España, junto al de otros once países de la UE (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo y Portugal). Tras esta aprobación, los países recibirán en los próximos dos meses hasta el 13% de lo solicitado en concepto de prefinanciación para acelerar el despliegue de los fondos europeos. En el caso de España, esta cantidad asciende hasta los 9mM de euros.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron este martes el plan de recuperación de España, el último trámite para que nuestro país empiece a recibir los 69.500 millones de euros correspondientes a las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este plan es el elemento central del Next GenerationEU, que aportará millones de euros para la recuperación de la economía europea tras la crisis de la pandemia del Covid-19. El total para España asciende a unos 140.000 millones de euros, la mitad de los cuales son en subvenciones directas y la otra mitad en préstamos, estos últimos aún no solicitados por el Gobierno.

La Comisión Europea ha concedido finalmente estas ayudas tras analizar el plan de inversiones y reformas del Gobierno español, que debían cumplir unos requisitos concretos: contribuir a las transiciones ecológica y digital, reforzar el potencial del crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica, institucional y social del país.

El análisis concluye que España dedica un 40% de los fondos a proyectos que apoyan la lucha contra el cambio climático, así como un 28% se utilizará en proyectos enmarcados en la transformación digital.

Antes de que finalice el verano, España recibirá el anticipi de 9.000 millones de euros, lo que permitirá acelerar el despliegue de las ayudas en nuestro país. El Gobierno confía en recibir un segundo desembolso a finales de año, por valor de 10.000 millones de euros. España puede solicitar nuevos desembolsos cada seis meses, momento en el que la Comisión Europea evaluará el avance de los hitos y objetivos comprometidos en el plan de reformas e inversiones y, si procede, recomendará autorizar el siguiente desembolso.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció el pasado miércoles la aprobación de Bruselas al plan español para utilizar los 69.500 millones de euros en transferencias del fondo de recuperación europeo, en un acto en Madrid junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España podría llegar a recibir alrededor de 19.000 millones este año, cantidad menor que los 27.000 que tenía presupuestados. El primer pago, que se prevé que se realice a finales de julio, consta de 9.000 millones, un 13% del plan. Von der Leyen anunció que este porcentaje se entregará como anticipo a cada país para el que se aprueben los fondos. El total que le corresponde a España de los fondos es de 140.000 millones, de los cuales la mitad son créditos a devolver. España todavía no ha formalizado la petición de estos créditos, y tiene de plazo hasta 2026 para hacerlo.

Una segunda entrega de dinero tendrá lugar a finales de año, pero ésta, a diferencia de la primera, se supeditará a la comprobación de que los planes en marcha cumplen los requisitos acordados y avanzan hacia sus objetivos.

Sánchez calificó el anuncio de «momento histórico» y Von der Leyen aseguró que «se abre la puerta a una nueva forma de entender la Unión». El anuncio tuvo lugar en la sede de Red Eléctrica, donde ambos dirigentes han visitado el Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), una referencia al tipo de proyectos prioritarios que recibirán ayuda de los fondos. El viaje de Von der Leyen incluyó una parada en Lisboa, para anunciar también la aprobación del plan de recuperación de Portugal.

La aprobación de la Comisión Europea no es todavía el paso definitivo para que comience a llegar el dinero a España, ya que se requiere la validación del Consejo Europeo, que sí sería el último trámite. Está previsto que tenga en el mes de julio.

Tanto Sánchez como Von der Leyen destacaron que el 40% de los fondos van destinados a la llamada transición verde, el fomento del empleo juvenil y la innovación tecnológica. «Estos objetivos son inamovibles» advirtió la presidenta de la Comisión Europea, que se felicitó porque un buen número de los planes presentados no solo están en esa línea con los objetivos sino «que son más ambiciosos».

La Comisión Europea destacó que las medidas para asegurar una transición verde en España «incluyen 3.900 millones para el desarrollo de energías renovables y 3.400 millones para apoyar la renovación de más de medio millón de edificios residenciales para mejorar su eficiencia energética».

Además, incluyen también medidas para «promover la movilidad sostenible; descarbonizar la indstria; reducir la dependencia energética y ayudar a mitigar los efectos adversos del cambio climático mediante la preservación de los espacios costeros, los ecosistemas y la biodiversidad». Por último, Bruselas destaca que el plan «promueve la economía cicular mejorando la gestión del agua y los residuos en el país».

Los fondos forman parte del programa de la Unión Europea Next Generation UE, el mayor instrumento de estímulo económmico jamás preparado por la Unión Europea, que movilizará 750.000 millones de euros para contribuir a la reconstrucción económica de la UE después de la pandemia de la COVID 19.

España entregó a Bruselas a finales de abril el llamado Plan de Recuperación y Resiliencia, que incluye 102 reformas y 110 inversiones. Los únicos cuatro Estados miembros que todavía no lo han entregado, aunque el plazo fijado por la UE concluyó el pasado 30 de abril, son Malta, Bulgaria, Países Bajos y Estonia.

El plan forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, al que irán destinados una parte destacable de los 140.000 millones de euros que España recibirá en los próximos seis años de los fondos de la UE destinados a la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. El proyecto es también uno de los diez ejes estratégicos de la agenda España Digital 2025 presentada en julio de 2020 por el Gobierno.

La transformación digital de las pymes españolas se vertebrará a través del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, que movilizará casi 5.000 millones de euros hasta 2023 con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a lo largo de su proceso de digitalización. El Gobierno calcula que podría implicar la digitalización de 1,5 millones de empresas y negocios.

Entre los y herramientas del Plan de Digitalización de Pymes destaca el programa Digital Toolkit (DTK). Este programa dispone de un presupuesto de 3.000 millones de euros en subvenciones, que se destinarán a que las pymes adquieran paquetes de digitalización ya existentes. Estos paquetes, denominados paquetes DTK, se han identificado hasta el momento en tres categorías.

• Marketing Digital: presencia digital, desarrollo de webs y aplicaciones, servicio de alojamiento, posicionamiento y canales de marketing digital, desarrollo de catálogos de productos, soluciones de gestión y análisis de clientes (CRM), etc.
• Comercio electrónico: capacidades de comercio electrónico, terminal de punto de venta, etc.
• Administración de empresa digital: sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), aplicaciones para la digitalización y automatización de procesos de negocios (contabilidad, gestión de inventarios, logística, etc.), factura electrónica, integración con la administración electrónica y firma digital, puesto de trabajo digital, soluciones de movilidad, fichaje digital y teletrabajo, entorno de colaboración, comunicación y videoconferencia, ofimática, almacenamiento y back-up, ciberseguridad, etc.

De la misma manera, las empresas que presenten expresión de interés podrán sugerir otros paquetes adicionales, o agregaciones a los mismos. Cada paquete DTK podrá modularse en tres niveles de complejidad: básico, medio y avanzado.

El Plan contempla también programas destinados a la formación de directivos y empleados de pymes, así como a la contratación de profesionales especializados en transformación digital.

El portal AceleraPyme se reformará para convertirlo en el hub de referencia nacional para ofrecer servicios de apoyo a la digitalización de pymes y autónomos. A través de este portal podrán acceder a paquetes de herramientas y servicios relativos a la sensibilización, el asesoramiento y el soporte a lo largo de todo el proceso de digitalización. Las empresas podrán acceder a AceleraPyme tanto desde una plataforma digital, como a través de una red de más de 100 oficinas distribuidas por toda la geografía española, en colaboración con Cámara de España.

La Manifestación de Interés está abierta a todas las pymes y autónomos, así como a sus asociaciones representativas, y también a todo tipo de actores implicados en el proceso de digitalización, privados y públicos, especialmente aquellos que puedan desempeñar funciones de agentes facilitadores y agentes digitalizadores. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene especial interés en recabar propuestas de consorcios privados o público-privados que permitan desplegar proyectos que cuenten con gran escala y que tengan efectos en el conjunto del territorio.

El Gobierno ha identificado en principio dos grupos diferentes de beneficiarios, con el fin de adecuar los servicios de digitalización a las diferentes necesidades de las empresas. Por un lado, unas 145.000 pymes de entre 10 a 49 empleados, y por otra cerca de 1.100.000 microempresas (de uno a nueve empleados) y 1.600.000 trabajadores autónomos.

Para solicitar la ayuda, las empresas deberán realizar un autoexamen de Nivel de Madurez Digital con tal identificar los paquetes DTK más adecuados a cada una. Pymes y autónomos podrán realizar esta prueba a través de AceleraPyme. Solo podrán elegirse los paquetes DTK que resulten del autoexamen, con fin de garantizar la efectividad de las ayudas y que los paquetes se utilizan para paliar deficiencias y no para sustituir a servicios ya utilizados por la empresa. Para poder solicitar la ayuda también será necesario disponer de los requisitos para ser beneficiario conforme a la Ley General de Subvenciones.

El Gobierno ha hecho hincapié en que la transformación digital de las pymes no es solo un tema de financiación, sino que necesitarán asesoramiento y un acompañamiento experto durante todo el proceso.

El Plan de Digitalización de Pymes se basa en la colaboración entre los sectores público y privado. Para ello cuenta con la participación de los denominados Agentes Facilitadores, que estarían encuadrados en dos categorías: entidades de apoyo a las pymes ya existentes, (entidades locales, oficinas y centros de las Comunidades Autónomas, etc.) y los llamados promotores (entidades financieras, empresas de telecomunicaciones, etc.).

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto que regula la tercera edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES), que cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, ampliable hasta los 800 millones si hay demanda.

El objetivo es aumentar la penetración del vehículo eléctrico en España para alcanzar los 250.000 vehículos eléctricos y los 100.000 puntos de recarga para 2023, lo que permitirá evitar más de 450.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y generar actividad y empleo en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Concretamente, se espera que aporte una inyección de 2.900 millones de euros al producto interior bruto (PIB) y que produzca cerca de 40.000 empleos.

El programa, financiado con el Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU, volverá a estar coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y gestionado por las comunidades y las ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto inicial será por población. De este modo, Cataluña volverá a ser en esta tercera edición la comunidad autónoma que más presupuesto tenga, con una previsión de 65,5 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 57,1 millones de euros. En el lado contrario están las regiones de Ceuta y Melilla, con 709.805 euros y 734.032 euros, respectivamente.

La cuantía de las ayudas para particulares y autónomos será mayor en caso de que el comprador achatarre un vehículo de más de siete años de antigüedad. El plan subvenciona con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas eléctricas, con hasta 7.000 euros la adquisición de vehículos eléctricos, y con hasta 1.300 euros la compra de motocicletas eléctricas. El objetivo es acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y más contaminantes. En caso de que no se achatarre un vehículo, las ayudas podrán alcanzar los 4.500 euros para los coches eléctricos y los 1.100 euros para las motocicletas eléctricas.

Por su parte, los híbridos enchufables o los híbridos de autonomía extendida con al menos 30 kilómetros de autonomía ‘cero emisiones’, contarán con una ayuda de 2.500 euros, que asciende a 5.000 euros si se achatarra otro coche. Tanto en el caso de los vehículos eléctricos de batería como de los híbridos enchufables, el precio de compra no puede superar los 45.000 euros, a no ser que el automóvil sea 100% eléctrico y cuente con ocho o nueve plazas, ya que aquí el límite se extiende hasta los 53.000 euros. En el caso de las motos eléctricas, su precio no podrá sobrepasar los 10.000 euros.

Para vehículos comerciales, las ayudas a particulares y autónomos ascienden a los 9.000 euros si mandan al desguace un modelo de más de siete años de antigüedad y de 7.000 euros en caso de no hacerlo.

Ayudas para particulares y autónomos. Fuente: Programa MOVES III

En el caso de las empresas, las ayudas dependerán del tamaño de las mismas. Así, las pymes que achatarren un modelo de más de siete años de antigüedad y adquieran un turismo de batería de hidrógeno o eléctrico contarán con 4.000 euros de incentivo. En el caso de las grandes empresas, estas ayudas son de 3.000 euros. Por el contrario, en caso de no achatarrar ningún modelo, las ayudas a las pymes pueden ser de hasta 2.900 euros, mientras que para las grandes organizaciones es de 2.200 euros.

Para motocicletas, las pymes podrán beneficiarse de 950 euros en caso de achatarramiento y de 750 euros sin él. Las grandes empresas podrán optar a incentivos de 900 euros si achatarran y de 700 euros si no lo hacen. Mientras, si se trata de vehículos comerciales y se entrega otro vehículo, las pymes contarán con ayudas de 5.000 euros, mientras que las grandes organizaciones podrán acceder a 4.000 euros de incentivo. En caso de no querer achatarrar, las pymes contarán con 3.600 euros de ayudas y las grandes empresas, con 2.900 euros.

Ayudas para empresas. Fuente: Programa MOVES III

El Plan MOVES III también incluye una cuantía adicional del 10% en las ayudas a la compra de turismos eléctricos destinados al servicio de taxi o de vehículo de transporte con conductor (VTC), lo que favorece la sustitución de vehículos que realizan un elevado número de kilómetros. Asimismo, este programa dota con un 10% adicional la cuantía que reciben las personas con movilidad reducida que necesiten adaptar su vehículo. Cabe destacar que estas ayudas extra del 10% no son acumulables entre sí.

Tanto para los particulares, como para los autónomos y las empresas, los vehículos de segunda mano están excluidos, excepto aquellos automatriculados por los concesionarios siempre y cuando hayan pasado menos de nueve meses entre el registro y su venta.

Además, el Plan MOVES III no cuenta con ayudas a la compra de vehículos industriales ni de autobuses, que pasarán ahora a depender del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tendrá que aprobar otro programa de ayudas e incentivos.

El Plan MOVES III también contempla ayudas al despliegue de puntos de carga. En este sentido, los autónomos, los particulares, las comunidades de propietarios y las entidades locales que no desarrollen actividad empresarial podrán recibir una ayuda que cubra el 70% del coste de la instalación de infraestructuras de recarga o de las actuaciones de preinstalación de recarga en las comunidades de propietarios. Además, recibirán un refuerzo del 10% adicional si las actuaciones se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, pudiendo alcanzar una subvención del 80% del coste.

En lo que respecta a las grandes empresas, las ayudas serán de un 40% siempre que la infraestructura de recarga sea de acceso público y la potencia igual o superior a 50 kilovatios (kW) si las actuaciones están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, reduciéndose al 35% en el resto de zonas. Estas cuantías podrán incrementarse un 10% para medianas empresas, por lo que se puede llegar a subvencionar el 50% del coste, y hasta un 20% para pequeñas empresas, con lo que la ayuda puede cubrir un 60% del coste.

En caso de que se trate de una infraestructura de uso público o privado y cuente con una potencia inferior a 50 kW, las ayudas serán de un 30% y podrán incrementarse un 10% si las inversiones se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes, alcanzando una cobertura del 40%.

De este modo, se busca impulsar la creación de puntos de recarga en España, donde solo existen 8.451 puntos de recarga pública, según los datos del ‘Barómetro de la Electromovilidad’ de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) correspondiente al tercer trimestre de 2020. Estos datos alejan al país de otras regiones europeas como Noruega, el Reino Unido, Países Bajos y Alemania, líderes en generación de redes de recarga en el continente. El actual déficit en infraestructuras de recarga dificulta, además, el poder cumplir con las exigentes metas que ha establecido la Unión Europea (UE) de que circulen por sus vías rodadas más de 30 millones de coches eléctricos al final de la década actual.

Al igual que en la anterior edición, son las comunidades autónomas las gestoras de los fondos, por lo que es a ellas a las que se deberán dirigir los particulares, los autónomos, las empresas y las administraciones públicas.

En el caso de los particulares y los autónomos, las ayudas se pueden pedir ya (siempre y cuando la factura de compra sea posterior al 9 de abril); aunque no recibirán respuesta hasta que las autonomías abran sus convocatorias. Las empresas, sin embargo, tendrán que esperar a que cada región publique su respectivo plan de ayudas.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el IDAE va a proceder a notificar a todas las comunidades autónomas, así como a Ceuta y a Melilla, la disponibilidad del presupuesto. Asimismo, las autonomías deberán solicitar y aceptar las ayudas del MOVES III en el plazo de tres meses. A partir de ahí, las cantidades serán transferidas por el IDAE a las regiones que, en caso de no ejecutar todo el presupuesto, tendrán que devolverlo a este organismo.

La respuesta es ‘no’. Una misma actuación (adquisición de vehículo eléctrico o de infraestructura de recarga) solo puede acogerse a uno de los planes. Por tanto, una actuación que desee acogerse al MOVES III (en caso de que cumpla los requisitos para ello) deberá renunciar a la solicitud que haya realizado, en su caso, al MOVES II o a otros programas de ayuda.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el pasado 24 de abril una solicitud de manifestaciones de interés para recibir propuestas de financiación y prestación de servicios para la digitalización de pymes y autónomos.

Esta iniciativa se enmarca en el eje estratégico de Modernización y digitalización del ecosistema de las empresas y profundiza en el impulso a la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Este eje se desarrolla a través Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, que movilizará casi 5.000 millones de euros hasta 2023 para ofrecer apoyo a las pymes y autónomos a lo largo de todo su proceso de digitalización. Con este plan se pretende impactar en los procesos de digitalización de 1,5 millones de empresas y negocios.

La manifestación de interés pretende identificar los instrumentos de colaboración público-privada para alcanzar los objetivos marcados mediante el Programa Digital Toolkit. Este programa cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros en subvenciones destinadas a la adopción por parte de las pymes de paquetes de digitalización ya existentes en marketing digital, comercio electrónico o administración de empresa digital.

La consulta está dirigida a todas las pymes y autónomos implicados en el proceso de digitalización, privados y públicos, especialmente aquellos que puedan desempeñar funciones de agentes facilitadores y agentes digitalizadores.

Se valorarán todas las contribuciones presentadas, tanto de forma individual como en representación de un consorcio, que sean recibidas hasta el próximo 7 de mayo de 2021 y emitidas a través del formulario publicado en el siguiente enlace.

La movilidad sostenible, la rehabilitación urbanística y la digitalización de las pymes encabezan la lista de las inversiones que buscan hacer la sociedad y las empresas más competitivas, tecnológicas y sostenibles

 

Es el plan económico más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España. La mayor oportunidad desde la entrada en la Unión Europea (UE). Oportunidades así se dan dos en un siglo”, señaló Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la presentación del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español ante la comisión interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo prevé que el PRTR impulse el crecimiento en torno a dos puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB) en promedio anual durante el periodo de ejecución.

El Gobierno eleva hasta los 69.500 millones de euros los fondos que espera recibir entre 2021 y 2023 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que es el principal instrumento del Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU. Además, dispone de 12.000 millones de euros procedentes de otro instrumento, el React-EU, por lo que el total que recibirá en este período será de unos 82.000 millones de euros. Esto es más de un 7% del PIB. Además de este importe, el Gobierno anuncia que acabará usando también la parte de préstamos que le ofrece Europa y no solo las transferencias no reembolsables.

La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorialy la igualdad de género son los cuatro ejes transversales que articulan el plan de recuperación. Como novedad respecto al Plan presentado en octubre, el Gobierno agrupa la mayoría de inversiones previstas en 20 programas tractores de inversión.

Así, el PRTR refleja que las inversiones relacionadas con la transición ecológica ganan protagonismo hasta el 39% del total (dos puntos porcentuales más que lo anunciado previamente), mientras que el segundo eje, la transformación digital, retrocede hasta el 29% (anteriormente representaba un 33%). Además, el Plan especifica que la educación y la formación obtendrán el 10,5% de los recursos y la I+D+i, un 7%.

Los programas de inversión que más peso tendrán durante el primer tramo del plan serán las destinadas al desarrollo de la movilidad sostenible, segura y conectada (con 13.203 millones de euros de inversión); y a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (con 6.820 millones de euros de inversión), incluyendo un programa de vivienda social para alquiler de 1.000 millones de euros. A esto hay que añadir la modernización de las administraciones públicas con 4.315 millones de inversión. El proceso para hacer las pymes más digitales y competitivas, a través del Plan de Digitalización de Pymes, contará con 4.066 millones de euros y la implementación de la red 5G sumará 3.999 millones. Los planes para el impulso de la economía circular, de las competencias digitales, de la modernización del sector turístico, de la innovación y de la ciencia y del despliegue de energías renovables estarán dotados con más de 3.000 millones de euros.

El plan cuenta con una partida de 13.203 millones de euros para la movilidad sostenible, segura y conectada

Por debajo de este umbral se encuentran las medidas destinadas a hacer más competitiva la economía de los cuidados, el sistema educativo y el empresarial y el mercado laboral. Se plantean para ello 10 reformas en torno a la modernización del sistema sanitario, de las administraciones públicas y de la justicia; una hoja de ruta hacia el hidrógeno verde; la depuración de aguas y la conservación de ecosistemas; una nueva política de vivienda; una nueva estrategia de movilidad sostenible; y una reforma para apoyar a la investigación. Las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo contarán con 2.363 millones de euros, y la estrategia nacional para la inteligencia artificial estará dotada con 500 millones.

El Gobierno debe presentar a Bruselas estas líneas de su plan maestro para la recuperación antes del 30 de abril. El Ejecutivo comunitario contará entonces con un plazo máximo de dos meses para darle su visto bueno. A partir de entonces, el Consejo Europeo debería dar el sí definitivo al PRTR en el plazo máximo de un mes. En cualquier caso, España ha anunciado su intención de lanzar las primeras convocatorias de ayudas a partir de mayo. Además, para evitar cuellos de botella en la administración, el Gobierno ha pospuesto a después de 2023 la canalización del presupuesto ordinario de la UE (Marco Financiero Plurianual 2021- 2027).

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