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El proyecto aspira a convertirse en el primer PERTE que atraiga fondos del programa Next Generation EU.

El Gobierno ha anunciado la creación de una fábrica de baterías para coches eléctricos mediante un consorcio público-privado con Seat-Volkswagen e Iberdrola, que está abierto también a otras empresas. El proyecto sería uno de los primeros PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, en optar a las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo.

El proyecto, en palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “va a permitir desarrollar un conjunto de actuaciones que garanticen que existan en España las infraestructuras, instalaciones y mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo eléctrico conectado completo”.

La iniciativa tendría su correspondencia en la convocatoria de Manifestación de Interés que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió en diciembre sobre “Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

El mes pasado, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, anunció los planes para un nuevo vehículo completamente eléctrico de la marca en la fábrica de Martorell. Para ello consideraba imprescindible la creación de una fábrica de baterías que, según Griffiths, debería servir no solo para la marca, sino para abastecer a todos los fabricantes de vehículos eléctricos en España.

La futura fábrica de baterías encajaría en el Plan de Inversiones y Reformas que el Gobierno presentará en Bruselas para para ser financiado con el Fondo de Recuperación-Next Generation EU, ya que se destinarían los recursos a reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización del sector de la automoción en España. La autonomía industrial en un sector clave como las baterías es una parte esencial de este plan.

Los PERTE son una nueva figura de colaboración público-privada entre Administraciones Públicas, empresas y centros de investigación con la que se identificarán aquellos proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía.

Los proyectos presentados todavía están en una fase inicial, ya que deben encajar en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española, cuya versión definitiva aún no se conoce y deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Además, antes del próximo 30 de marzo ha de formalizarse la creación del Registro estatal para los PERTE. Es en este registro donde deberán inscribirse todas las entidades, públicas o privadas, relacionadas con cada proyecto.

Respecto a su aprobación como tal, el Ministerio competente propondrá un proyecto para que sea un PERTE y el Consejo de Ministros deberá aprobarlo. En este caso, el Ministerio de Industria sería quién ha propuesto el PERTE y más adelante el Consejo de Ministros deberá tomar la decisión de aceptarlo.

Los detalles de este PERTE en concreto aún no se conocen. Por su naturaleza, pueden ser de dos tipos:

• Un proyecto único claramente definido en cuanto a objetivos y modalidad de ejecución.
• Un proyecto integrado, compuesto por un grupo de proyectos insertados en unaestructura, plan de trabajo o programas comunes que compartan objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.

Los proyectos que aspiren a ser considerados PERTE deberán cumplir una serie de requisitos:

• Cada proyecto ha de venir acompañado de una memoria explicativa que identifique las medidas de apoyo y colaboración público-privadas proyectadas, así como los requisitos a cumplir por los interesados.
• Los Ministerios deberán elaborar en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de estos proyectos.
• Estos proyectos podrán recibir anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución.

La Comunidad de Madrid presentó un conjunto de 214 proyectos que aspiran a más de 22.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo. El paquete de proyectos se focaliza en una serie de inversiones relacionadas principalmente con la transición ecológica y transformación digital.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha planteado al Gobierno español un total de 214 inversiones, enmarcadas en 28 reformas, para recibir 22.371 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, destinado a impulsar la recuperación de económica provocada por la pandemia del coronavirus.

El 31,7% del número de proyectos y reformas del Plan de Madrid se enmarcan bajo el paraguas de la transición ecológica, mientras que un 27,2% son proyectos y reformas relacionados con la transformación digital. Aunque el volumen de fondos destinados a cada uno de estos ejes no se detalla, el Gobierno madrileño apuesta por la colaboración público-privada, con el fin de lograr un efecto multiplicador de las inversiones.

Los 22.371 millones de euros a los que aspira el plan de la Comunidad de Madrid representan el 32% de lo presupuestado en el Plan de Recuperación “España Puede” presentado por el Gobierno de España para el período 2021-2023 y un 15% de la cuantía total que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE pone a disposición de nuestro país entre 2021 y 2026.

El Plan de Recuperación de la Comunidad de Madrid consta de 214 proyectos inversiones y 28 reformas legales, enmarcadas en siete líneas estratégicas. La primera línea estratégica planteada es la Movilidad Sostenible, a la que irían destinados un 35% de los Fondos. En este apartado destacan proyectos como la renovación y ampliación del parque de transporte público, así como su automatización y digitalización y también la construcción de una nueva línea de metro.

El segundo apartado en importancia es la línea estratégica Economía productiva, competitiva, industrial e innovadora, que pretende movilizar un 23% del total de los fondos a los que aspira la Comunidad. En esta destaca la inversión en I+D para desarrollar nuevos polos tractores en la economía del dato y nuevos equipamientos culturales y turísticos.

La línea estratégica de Modelo avanzado de sostenibilidad es la tercera más importante en términos de recursos asignados (20% del total) y tiene como proyectos emblemáticos la construcción y rehabilitación de edificios públicos eficientemente energéticos y la reforma y mejora del ciclo del agua (alcantarillado, depuradoras, etc.) y de los residuos.

Otros proyectos destacados en diferentes ámbitos de actuación son la creación de tres campus para la Formación Profesional, la renovación de los equipos digitales en el ámbito educativo, reformas integrales en tres de los principales hospitales madrileños y la digitalización y modernización la red de oficinas de empleo.

De momento, el Plan de la Comunidad de Madrid no especifica los plazos temporales para la realización de los proyectos ni cita las empresas privadas que podrían participar en ellos.

Fins a un 37 % dels Fons de Recuperació destinats a superar la crisi de la COVID-19 estan relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic, amb l’ambiciós objectiu d’aconseguir una reducció del 55 % de les emissions contaminants el 2030

La recuperació de l’economia després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 serà, sens dubte, una recuperació verda. El Govern d’Espanya aplaudeix la recent resolució de la Comissió Europea d’apostar per l’objectiu més ambiciós dels dos que estaven sent considerats, la reducció del 50 % de les emissions contaminants per 2030. L’aposta europea per aquesta última xifra mostra la voluntat de la UE per anar més enllà dels acords de París i liderar la transició cap a una economia neutra en emissions de CO₂.

Aquesta política queda reflectida clarament en els Fons de Recuperació Europeus, vertebrats a través del programa Next Generation UE. Fins a un 37 % del pressupost de la UE i dels fons es destinarà a la lluita contra el canvi climàtic en totes les seves variants. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha qualificat aquesta decisió de «molt bona notícia» perquè posa de manifest que la transició ecològica «és un vector de creació d’ocupació, de modernització de la indústria, de resiliència, d’enfortiment de les nostres infraestructures i de les nostres ciutats».

A més de les partides directament relacionades amb el canvi climàtic, la majoria de despeses finançables tindran un component mediambiental i verd. L’acord assolit a la UE estableix clarament que totes les polítiques i programes europeus no només contribueixin a l’agenda climàtica, sinó que la integrin i la reforcin fent efectiu el principi de «no harm».

El Pacte Verd o Green Deal europeu (en terminologia que vol recordar el New Deal de Roosevelt dels anys 30 als EUA) vertebra la política mediambiental de la UE. Pretén mobilitzar un bilió d’euros durant deu anys per aconseguir una economia baixa en emissions de carboni. Els estats receptors dels Fons de Recuperació Europeus han de seguir les directrius d’aquest pla. La UE aprovarà pròximament una Llei europea del clima per dotar d’entitat jurídica el Green Deal.

El Pacte Verd es fonamenta en diversos pilars o línies d’actuació, entre altres:

La biodiversitat, element clau per a l’economia i l’alimentació mundial, és un dels eixos del Green Deal europeu. Es calcula que les collites mundials de blat, arròs i blat de moro disminueixen entre un 3 % i un 10 % amb cada grau d’escalfament del clima mundial sobre els nivells històrics. La protecció de la biodiversitat inclou mesures com ara:

• Crear zones protegides en com a mínim el 30 % del sòl d’Europa i el 30 % dels mars d’Europa
• Restaurar els ecosistemes danyats o degradats, amb accions com la reducció de fins a un 50 % de l’ús de pesticides
• Desbloquejar 20.000 milions d’euros anuals per a la biodiversitat, en accions públiques i privades
• Centrar-se en els tres sectors clau: construcció, agricultura i alimentació

L’estratègia europea anomenada De la granja a la taula està destinada a garantir una transició justa per als sectors agrícola i marítim, combatre el frau alimentari i reduir l’ús de plaguicides, d’adobs i d’antibiòtics, així com desenvolupar tècniques agrícoles i pesqueres innovadores. És important destacar que totes les importacions d’aliments de tercers països han de complir les normes mediambientals de la UE. 

Potser és el tema més important, tenint en compte que el 75 % de les emissions de carboni causants de l’efecte hivernacle a la UE provenen de la producció d’energia i que el 2017 només el 17 % de l’energia europea provenia de fonts d’energia renovable.

Per assolir l’ambiciós objectiu de reduir les emissions contaminants en un 55 % per a 2030, la UE proposa un seguit de mesures:

• Connectar i integrar de manera més eficient les fonts d’energia renovables a la xarxa, i interconnectar els sistemes energètics
• Fomentar les tecnologies innovadores i les infraestructures modernes
• Impulsar l’eficiència energètica i el disseny ecològic dels productes
• Descarbonitzar el sector del gas i fomentar la integració intel·ligent en tots els sectors
• Ajudar els països de la UE a combatre la pobresa energètica i a capacitar els consumidors
• Incrementar la cooperació transfronterera i regional amb l’objectiu de compartir millor les fonts d’energia neta 
• Promoure les normes i tecnologies energètiques de la UE a escala mundial
• Desenvolupar l’energia eòlica marina a Europa

S’articula al voltant de la Política Agrària Comuna (PAC) de la UE, que està destinada a unir tres objectius: la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. La reforma de la PAC ha quedat ajornada al gener del 2023 a causa de les negociacions entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE. El Reglament de Transició aprovat mantindrà la major part de les polítiques actuals de la PAC, però ja introduirà algunes millores. Durant el 2021 la UE presentarà els seus plans per actualitzar l’estratègia forestal i l’objectiu de contaminació zero per protegir l’aigua, l’aire i el sòl. Ja s’han definit alguns objectius clars:

• Indústria sostenible
• La UE aposta per una política industrial basada en l’economia circular
• El desenvolupament de nous mercats per a productes climàticament neutres i circulars
• La descarbonització de sectors de gran consum d’energia, com l’acer i el ciment
• Una política de productes sostenibles basada en la reutilització i el reciclatge, que també afectarà els productes importats de tercers països. Per exemple, la Comissió proposarà que tots els envasos de la UE siguin reutilitzables el 2030

Com hem vist, la UE té un ambiciós projecte d’injecció d’un bilió d’euros en sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic en un període de deu anys. El pròxim pressupost a llarg termini cobrirà un període de set anys, de 2021 a 2027, amb fortes inversions en temes directament relacionats amb el medi ambient. La Comissió ha proposat consagrar el 25 % dels seus fons a l’acció climàtica i a la despesa mediambiental en múltiples programes. No obstant això, la UE ja adverteix que el pressupost comunitari, per si sol, «no és suficient per aturar el canvi climàtic ni per satisfer les enormes necessitats en matèria d’inversió a escala mundial». Així doncs, els estats membres i els agents privats «hauran de satisfer aquest dèficit».

Per garantir que cap país, sector econòmic o grup social es quedi endarrerit, la UE ha creat el Mecanisme per a una Transició Justa, que farà inversions per un valor mínim de 100 000 milions d’euros durant el període 2021-2027 amb fons del pressupost de la UE, cofinançament dels estats membres i contribucions d’InvestEU i del Banc Europeu d’Inversions (BEI). Extrapolat a un període de més de deu anys, el Mecanisme per a una Transició Justa mobilitzarà uns 143 000 milions d’euros.

España destina un tercio del Fondo de Recuperación de la UE a proyectos para impulsar la transformación digital de las empresas y la Administración y aumentar las competencias digitales

La transformación digital, uno de los retos más inmediatos de la economía mundial, es también uno de los ejes principales del programa Next Generation de la Unión Europea, y se llevará una buena parte de los 750.000 millones de euros destinados a paliar los efectos económicos de la pandemia causada por el Coronavirus.

Para España, estos fondos son una oportunidad para reducir la brecha digital con los países más avanzados de Europa. La transformación digital es la prioridad en la era post-covid hasta para un 90% de los empresarios a nivel mundial, según un estudio de Zogby Analitics.

España recibirá un total de 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales 71.000 millones serán transferencias directas y el resto se obtendrá en forma de préstamos. El Gobierno ya ha adelantado que dedicará a la transformación digital de la economía al menos un tercio de estas ayudas, una cifra que supera el porcentaje mínimo que la Comisión Europea exige a sus miembros para este apartado, que es del 20%.

En julio de 2020 el ejecutivo fijó sus prioridades digitales con la Agenda Digital 2025, que marca las líneas para lograr una conectividad digital en todo el territorio. Con este fin se destinarán 20.000 millones de euros a acciones concretas en una serie de ejes estratégicos, 15.000 de los cuales provendrán de los Fondos de Recuperación europeos. En los Presupuestos de 2021 el Ejecutivo marcó una inversión prevista para este año de 3.750 millones de euros para la Agenda España Digital, un 97% de los cuales provienen de los Fondos de Next Generation EU. Según La Moncloa, el presupuesto total del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital alcanzará este año los 5.122 millones de euros, triplicando el del año anterior y poniendo así de manifiesto la magnitud del reto que el desarrollo digital del país supone en la actualidad.

El proyecto del gobierno recoge diez ejes de actuación para impulsar la digitalización del tejido productivo y de la sociedad en general. Hasta el momento se han presentado ya seis: en 2020 se aprobaron el Plan de Conectividad, la Estrategia de Impulso al 5G y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó recientemente otros tres: el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, con un presupuesto de 2.600 millones de euros, el Plan de Digitalización de las Pymes 2021-2025, con un presupuesto de 4.656 millones de euros, y el Plan Nacional de Competencias Digitales, con 3.750 millones de euros. Sánchez concretó en su presentación  los ambiciosos objetivos del Gobierno: que al final del periodo el 80% de la población tenga competencias digitales, las pymes tengan un 25% de su volumen de negocio proveniente del comercio electrónico y que la mitad de los servicios públicos funcionen a través de aplicaciones móviles.

El Plan de Digitalización de las Pymes tiene como objetivo llegar a 1,5 millones de empresas, la mitad de este tipo de empresas que hay en España. Hasta un 80% de las entidades receptoras serían autónomos y microempresas. El Plan presentado por el Ejecutivo para la inversión de los Fondos de Recuperación Europeos consta de cinco ejes, con sus correspondientes herramientas:

• La digitalización básica para la pymes, con los programas Digital Toolkit, Bonos de Conectividad PYME, Protege tu Empresa y Acelera Pyme
• El apoyo a la Gestión del Cambio, con programas de formación para directivos, expertos en transformación y agentes del cambio
• La Innovación Disruptiva y el emprendimiento digital, con programas como la Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en Pymes o el Programa de Apoyo a los centros de Innovación Digital (DIH)
• El Apoyo a la Digitalización sectorial, con programas específicos para Industria, Turismo y Comercio, y el eje de Coordinación, eficiencias y reforma, con medidas como la Red Integrada de capacidades de apoyo a las Pymes o el Sello Pyme Digital
• Además, el gobierno impulsará la innovación disruptiva, (Inteligencia Artificial, Internet de las cosas, Big Data) para aprovechar las oportunidades de la economía del dato mediante programas escalables que se desplegarán mediante la colaboración público-privada

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas tiene previsto movilizar 2.600 millones de euros en los próximos tres años, de los cuales al menos 600 millones irán destinados a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales, con el objetivo de desarrollar servicios públicos digitales en todo el territorio y garantizar la protección de los datos personales.

Más de 315 millones de euros se destinarán a la transformación digital de sectores estratégicos. Se impulsará así la transformación digital de la sanidad, el turismo, el sector agroalimentario, la movilidad o el comercio. También se fomentarán proyectos transnacionales, en línea con la agenda de política industrial España 2030.

El Plan Nacional de Competencias Digitales contará con un total de 3.750 millones de euros en los próximos tres años. Para impulsar las competencias digitales entre la ciudadanía el Ministerio cuenta con una inversión de 1.097 millones de euros, la gran mayoría de los cuales irán a parar al Plan Nacional de Competencias Digitales (913 millones de euros), que incluye dos programas específicos para el sector educativo, Educa Digital (155,6 millones) y Uni Digital (26 millones).

Respecto al impulso al 5G, la Estrategia de Impulso al 5G contará con 2.000 millones hasta 2025. La meta del Gobierno es alcanzar un 75% de la población con cobertura 5G, y cobertura total en infraestructuras como carreteras o aeropuertos.

La ciberseguridad recibirá más de 213 millones de euros, destinados tanto a empresas como a la ciudadanía en general. El gobierno tiene el propósito de convertir a nuestro país en un nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad, para lo que cuenta con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Además, quiere impulsar el ecosistema emprendedor español en el sector.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aborda el despliegue de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial y la economía del dato, a las que se destinarán más de 330 millones de euros. Esa inversión servirá para desarrollar una serie de líneas concretas de actuación alrededor del desarrollo de algoritmos verdes, la supercomputación, el desarrollo de tecnologías de lenguaje natural o la creación de espacios compartidos de datos, entre otras muchas.

El Spain Audiovisual Hub, por ejemplo, recibirá 109 millones de euros, con el fin de convertir a España en una plataforma destacada a nivel internacional para la atracción de la producción, negocios e inversiones en el sector audiovisual. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aseguró la pasada semana que en pocos días se dará a conocer el contenido de este plan, destinado a reforzar el papel de España como polo de atracción de inversiones en el sector audiovisual y plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en este ámbito, así como en el de los videojuegos. 

Por último, y dentro de esta estrategia, se destinarán más de 15 millones de euros a los derechos digitales. El Gobierno considera que la transformación digital que necesita cualquier país debe ir acompañada de un debate acerca de la actualización de las protecciones legales vigentes ante un mundo digital. En este sentido, el Ministerio ha impulsado, mediante un grupo de expertos, la elaboración de una Carta de Derechos Digitales que será sometida a consulta pública próximamente.

Euskadi Next es el programa elaborado por el Gobierno vasco que recoge una serie de propuestas para canalizar las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo hasta 2026. Un plan que según los expertos destaca por su detalle y concreción, además de ser más ambicioso que el plan elaborado por el Gobierno de España, “España Puede”, que solo contempla un horizonte de inversión hasta 2023. 

Está previsto que las Comunidades Autónomas en 2021 reciban un total de 18.793 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, de los cuales 10.793 millones corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) canalizados a través de los Presupuestos Generales del Estado; y los otros 8.000 millones de euros restantes estarán disponibles a través del mecanismo europeo  REACT-EU. 

Con todo, las comunidades autónomas serán las encargadas de gestionar alrededor del 54% del total de los fondos de recuperación este año. 

Euskadi Next es el programa de inversiones para la recuperación, la transformación y la resiliencia del País Vasco que el Gobierno vasco, en coordinación con las tres Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de las tres capitales vascas, ha trasladado al Ejecutivo para su consideración en el marco del destino de los 69.528 millones con los que se dota el MRR en España. 

Así las propuestas presentadas al Gobierno pretenden canalizar los fondos europeos hasta 2026. En este sentido, el País Vasco aspira a movilizar un total de 13.135 millones de euros en los próximos cinco años. 

Cabe destacar que ningún proyecto recibirá una financiación del 100% del Fondo de Recuperación Europeo, por lo que para llevar a cabo los proyectos las empresas deberán recurrir al uso de recursos propios, financiación adicional pública y la financiación bancaria o de los mercados de capitales. 

El programa se centra, principalmente, en la sostenibilidad. Tal es así que se propone destinar el 63% de los fondos europeos en este territorio a la transición ecológica, un porcentaje muy superior al del 37%, umbral fijado por la Comisión Europea y recogido en el Plan de Recuperación del Gobierno de España. 

En cambio, solo el 21% de las medidas irá destinado a la transformación digital. Una cifra ligeramente por encima del mínimo fijado por la Unión Europea, que es del 20%; aunque inferior a la meta nacional, que aspira a dirigirá a la digitalización el 33% de los fondos europeos. 

Además, en el documento se recoge un listado de 188 inversiones en ocho ámbitos estratégicos (el acceso a redes y la rehabilitación de viviendas; la movilidad sostenible; la digitalización y la innovación; la generación de energías renovables; la gestión de aguas; la salud y el cuidado de las personas; la economía circular; y el aprendizaje). También se destacan 16 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que fomentan la colaboración público- privada para identificar proyectos singulares. Euskadi Next aporta una gran claridad acerca de los proyectos que el Gobierno vasco pretende llevar a cabo, especialmente en los ámbitos en los que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas.

¿Qué organismos gestionarán los recursos? 

El Gobierno vasco quiere gestionar los fondos directamente a través de cuatro Organismos Intermedios: el Gobierno vasco y las tres Diputaciones Forales. Aunque los Ayuntamientos también participarán, sobre todo en los PERTE y en las inversiones promovidas por la comunidad autónoma. 

Ventajas competitivas del País Vasco

El País Vasco destaca por tener una base de I+D mucho mayor que la del resto de España y por disponer de una larga tradición de apoyo a la competitividad con colaboración público- privada y de universidad- empresa, entre otras fortalezas. Todo ello, provoca que la región disponga de unas bases muy propicias para canalizar los fondos europeos ágilmente.  

En definitiva, Euskadi Next es un plan ejemplar por la agilidad, el desglose, la minuciosidad y la transparencia con la que han explicado para que se quieren usar los fondos en ese Comunidad Autónoma siguiendo las claves de sostenibilidad, digitalización y economía social. 

El Govern de Catalunya ha proposat 27 projectes emblemàtics emmarcats en cinc eixos d’actuació en el Next Generation Catalonia amb la finalitat d’obtenir i de canalitzar els recursos del Fons de Recuperació Europeu per al seu territori. 

Next Generation Catalonia és el pla que ha presentat el Govern de la Generalitat de Catalunya i que recull els 27 projectes emblemàtics catalans candidats a obtenir recursos del Fons de Recuperació Europeu (també conegut com Next Generation EU), l’instrument amb el qual la Unió Europea pretén fer front a la crisi desencadenada per la pandèmia del coronavirus. 

El pla autonòmic quantifica en 4.500 milions d’euros la despesa en els 27 projectes emblemàtics el 2021, fet que suposa el 16 % del total del Pla nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) elaborat pel Govern d’Espanya. A més, Next Generation Catalonia estima en 41.500 milions d’euros el cost del conjunt d’aquests projectes.

Principals línies d’actuació 

Els 27 projectes han estat seleccionats per la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social (CORECO) d’entre 542 propostes; i s’emmarquen en cinc eixos d’actuació. Aquests eixos posen el focus en una o en diverses de les 10 polítiques tractores exposades al PRTR. 

Les cinc principals línies d’actuació del Next Generation Catalonia són: l’economia per a la vida (cohesió social, sanitat i sector agroalimentari), la transició ecològica, la transformació digital, la societat del coneixement (formació, innovació i recerca) i el vector transversal (industrialització, turisme, comerç i serveis i infraestructures competitives). 

Principalment el pla se centra en els projectes per a la transició ecològica, un dels dos vectors de transformació del Fons de Recuperació Europeu. Per la seva banda, la transformació digital, el segon principal objectiu que persegueix el Next Generation EU, està integrada en molts dels projectes presentats en les diverses línies d’actuació. 

Per dur a terme aquests eixos d’actuació, cal destacar la creació de dos consorcis, que seran els encarregats d’impulsar projectes conjunts en els àmbits de sostenibilitat i de digitalització: el Consorci català per la sostenibilitat del territori i el Consorci català pels serveis de digitalització. 

A més, segons assenyalen des de Banc Sabadell, Next Generation Catalonia beneficia el sector de l’automoció a causa de la important inversió planejada en el vehicle elèctric i en bateries. 

Per tal de facilitar la gestió i l’execució dels fons que corresponen a Catalunya, el Govern ha aprovat un decret llei que permetrà la simplificació dels tràmits administratius mitjançant quatre àmbits: la contractació pública, la gestió pressupostària, les subvencions i les ajudes, els convenis i els consorcis, així com mesures per a la gestió estratègica dels recursos humans. 

El passat 7 d’octubre, el Govern d’Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, seguint els criteris establerts per la Comissió Europea. A través d’aquest pla, Espanya té previst mobilitzar 72.000 milions d’euros entre el 2021 i el 2023; un import que suposaria executar, en tres anys, la meitat de tots els fons disponibles per al país a través del fons Next Generation EU. Val a dir que es preveu que el pla tingui un impacte addicional en el PIB de més de 2,5 punts percentuals i que ajudi a crear més de 800.000 llocs de treball.

Els quatre pilars sobre els quals se sustenta el pla, que el Govern ha batejat com España Puede, són:

• Transició ecològica (37 % del total): té com a principal objectiu avançar al 2023 els objectius intermedis del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), establerts per al 2025. En aquest sentit, destaca el desplegament de 250.000 vehicles elèctrics per al 2023, el desenvolupament de 100.000 punts de recàrrega, la transformació del sistema energètic a gran escala (100 % renovable el 2050), la rehabilitació de 500.000 habitatges i el foment del turisme sostenible i de qualitat.

• Transició digital (33 %): destaca la necessitat de resoldre debilitats com la digitalització de les pimes, que representen el 95 % de les empreses espanyoles. La transformació digital s’articularà a través de projectes específics; per exemple, l’impuls de competències digitals per a les pimes, la dotació de cobertura 5G al 75 % de la població i el desenvolupament del marc normatiu per al teletreball.

• Igualtat de gènere: pretén reduir les actuals bretxes de gènere en el mercat laboral i reforçar el sistema educatiu, especialment pel que fa a les famílies més vulnerables. S’activaran 65.000 places d’educació infantil de 0 a 3 anys.

Cohesió social i territorial: els objectius d’aquest pilar són reduir els efectes de la despoblació mitjançant la rehabilitació d’infraestructures i la connectivitat, reforçar la sanitat, l’educació pública i les polítiques actives d’ocupació.

El pla s’estructura al voltant de deu polítiques palanca, que es consideren urgents per la seva alta capacitat d’arrossegament de l’activitat i l’ocupació, i per la seva capacitat d’influir en la modernització de l’economia i la societat espanyoles.

2. 1. Agenda urbana i rural, fent èmfasi en la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura. Aquest eix inclou polítiques com la mobilitat sostenible, la rehabilitació d’habitatges, la regeneració urbana i la transformació i digitalització del sistema agroalimentari i de la cadena logística (16 % dels recursos).
   
4. 2. Infraestructures i ecosistemes resilients, que inclou, entre d’altres, la conservació i restauració d’ecosistemes o la preservació d’infraestructures urbanes, energètiques i de transport (12 % dels recursos).
   
5. 3. Transició energètica justa i inclusiva (9 % dels recursos).
   
6. 4. Administració per al segle XXI, que ha de facilitar, entre altres qüestions, la modernització del Sistema de Justícia (5 % dels recursos).
   
7. 5. Modernització i digitalització de les empreses per donar suport al teixit empresarial i garantir la competitivitat industrial (17 % dels recursos).
   
8. 6. Ciència i innovació i reforç del Sistema Nacional de Salut (17 % dels recursos).
   
9. 7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats, que inclou la formació professional, l’educació de 0-3 anys, etc. (18 % dels recursos).
   
10. 8. Economia de les cures i polítiques d’ocupació, entre les quals hi ha l’atenció de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència i la modernització de les polítiques actives d’ocupació (6 % dels recursos).
    
11. 9. Esport i cultura.En aquest camp també s’inclouen el sector audiovisual i la indústria dels videojocs (1,1 % dels recursos).
    
12. 10. Modernització del sistema fiscal per millorar l’eficiència de la despesa i incrementar la progressivitat i redistribució dels recursos per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Per garantir que els recursos es destinin a promoure les transformacions que es descriuen en el pla, s’ha definit un model de governança en el qual la nova Comissió interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència tindrà un paper determinant. Les comunitats autònomes participaran en el model de govern a través de la Conferència Sectorial de Fons Europeus i a través de la Conferència de Presidents.

Pel que fa a la interlocució amb el sector privat, està previst que es realitzi a través de fòrums i consells d’alt nivell en els àmbits de la ciència i la innovació, la digitalització, l’energia, l’aigua, la mobilitat, la indústria, el turisme, el repte demogràfic, la cultura i l’esport.

Finalment, és rellevant remarcar que el pla es veurà reflectit en el projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2021, que incorporaran 27.436 milions d’euros per a les partides previstes.

El passat mes de juliol, els líders dels estats europeus van arribar a un acord per crear un fons de recuperació de 750.000 milions d’euros destinats a finançar diferents iniciatives de reactivació de l’economia després de la pandèmia. El Fons atorgarà als estats membres préstecs (360.000 milions) i transferències (390.000 milions) amb l’objectiu d’impulsar plans de recuperació i reformes sobre la base d’una societat verda, digital i inclusiva.
D’aquesta manera, cada Estat ha d’elaborar un pla de recuperació i resiliència basant-se en els següents criteris establerts per la Comissió Europea:

• Donar resposta a les recomanacions específiques del Semestre Europeu.
      • Contribuir a la transició verda i digital.
          • Augmentar el creixement potencial, crear ocupació i millorar la resiliència econòmica i social, posant èmfasi en la millora dels sistemes sanitaris i la cohesió territorial.

En el cas d’Espanya, el Govern ha centrat el seu Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2023 en quatre aspectes concrets:

       – Transició ecològica (37 % dels fons)
       – Transformació digital (33 % dels fons)
       – Cohesió social i territorial
       – Igualtat

El passat 15 d’octubre es va obrir el termini perquè cada estat membre faci arribar la seva proposta a la Comissió Europea. L’avaluació d’aquestes propostes es farà partint del reforç del potencial de creixement, la creació d’ocupació, la resiliència econòmica i social i la transició ecològica i digital.

D’altra banda, la instrumentalització dels fons es farà a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, seguint els criteris següents:

El 70 % de les transferències s’han de comprometre durant el període 2021-2022. Es tindran en compte, per establir el repartiment entre països, la taxa d’atur registrada entre el 2015 i el 2019, la població i la renda per capita.

El 30 % restant s’ha de comprometre abans de finals del 2023. En aquest cas, s’analitzarà la caiguda del PIB el 2020 i la caiguda acumulada del PIB el 2020-2021, de nou la població i la renda per capita. Tots els compromisos jurídics (préstecs i transferències) amb el Fons s’han d’assolir com a molt tard el 31 de desembre de 2023.

La CE estima que la major part de les transferències es faran efectives entre el 2022 i el 2025. Els pagaments finalitzen el 31 de desembre de 2026.

Si vols conèixer millor el Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2023 que ha creat el Govern d’Espanya, te l’expliquem en profunditat en aquest article.