En qué beneficia a las pymes la Ley Crea y Crece

Facilitar la creación de empresas, impulsar su crecimiento y reducir los obstáculos regulatorios. Estos son algunos de los principales pilares del proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como Ley Crea y Crece, que ya ha recibido la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados y que nace con el desafío de dinamizar el tejido productivo español. ¿Cuáles son las claves de esta ley?

El origen de la Ley Crea y Crece se encuentra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se centra en la modernización y en la digitalización del sector industrial y de la pequeña y mediana empresa (pyme). Este plan diseña el marco a través del que se distribuyen las ayudas del fondo europeo Next Generation EU y sirve de base para la publicación posterior de convocatorias.

Entre los principales hitos de esta ley destacan la agilización en la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada, la generalización en el uso de la factura electrónica o el impulso a la financiación alternativa mediante el crowdfunding, la inversión colectiva o el capital riesgo.

La Ley Crea y Crece hace posible que se pueda crear una sociedad de responsabilidad limitada por tan solo un euro. Todo un hito si se tiene en cuenta que, hasta la fecha, el mínimo legal era de 3.000 euros. El objetivo es que los emprendedores tengan la posibilidad de utilizar esos recursos para cumplir con su plan de negocio, favoreciendo su crecimiento potencial. De esta manera, España sigue los pasos de otros países del entorno europeo que ya habían puesto en marcha medidas semejantes en los últimos años. Además, para agilizar procesos y reducir los costes notariales y registrales, será posible la constitución telemática de una empresa a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE).

Tal y como se recoge en la ley, se pretende mejorar la liquidez de las empresas luchando contra el efecto negativo que provoca la morosidad en las operaciones comerciales. Entre otras medidas, se extiende la obligación en el uso de la factura electrónica a todas las relaciones comerciales de empresas y autónomos, potenciando la digitalización y la monitorización instantánea, ágil y fiable de los plazos efectivos de pago. Además, aquellas entidades que no cumplan con estos plazos de pago se arriesgan a no poder acceder a una subvención pública o a no ser entidad colaboradora en su gestión. También se incluye la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que seguirá y analizará todos los datos relacionados con los plazos de pagos, publicando anualmente un listado de empresas que sean morosas.

Otras medidas que recoge la Ley Crea y Crece van encaminadas a establecer procedimientos más ágiles que reduzcan los trámites innecesarios y simplifiquen cualquier proceso burocrático. En esta línea, se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporando a aquellas que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma. Además, se potencia la colaboración institucional para favorecer la identificación de medidas que no respeten los principios de proporcionalidad y necesidad.

Los bancos ofrecen diversas opciones para financiar a las empresas, estudiando las posibilidades y ofreciendo la mejor opción para cada caso. La Ley Crea y Crece intenta mejorar el acceso empresarial a otros mecanismos de financiación, como puede ser el capital riesgo, la inversión colectiva o el crowdfunding. De hecho, sobre este último se introducen más facilidades para que las empresas que se dedican a este cometido puedan prestar sus servicios en España con mayor agilidad. También, y de cara a reforzar la protección de los inversores, se fomenta la creación de vehículos para agrupar a los inversores y reducir de este modo sus costes de gestión. Para ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de dos a cinco millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para inversores minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.

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Finalmente cabe destacar que se potencia la presencia de otras figuras como los fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, de modo que se facilite la financiación de empresas que hayan visto deteriorada su estructura financiera en los últimos años. En cuanto a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral y se flexibiliza su régimen de diversificación de inversiones.

En cualquier caso, a la hora de crear una empresa o impulsar su crecimiento es clave recurrir al asesoramiento bancario para identificar las necesidades económicas de una compañía y solucionar cualquier duda que pueda surgir.

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