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El proyecto aspira a convertirse en el primer PERTE que atraiga fondos del programa Next Generation EU.

El Gobierno ha anunciado la creación de una fábrica de baterías para coches eléctricos mediante un consorcio público-privado con Seat-Volkswagen e Iberdrola, que está abierto también a otras empresas. El proyecto sería uno de los primeros PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, en optar a las ayudas del Fondo de Recuperación Europeo.

El proyecto, en palabras de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “va a permitir desarrollar un conjunto de actuaciones que garanticen que existan en España las infraestructuras, instalaciones y mecanismos necesarios para fabricar de forma autónoma y competitiva un vehículo eléctrico conectado completo”.

La iniciativa tendría su correspondencia en la convocatoria de Manifestación de Interés que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió en diciembre sobre “Movilidad eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del parque móvil en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

El mes pasado, el presidente de Seat, Wayne Griffiths, anunció los planes para un nuevo vehículo completamente eléctrico de la marca en la fábrica de Martorell. Para ello consideraba imprescindible la creación de una fábrica de baterías que, según Griffiths, debería servir no solo para la marca, sino para abastecer a todos los fabricantes de vehículos eléctricos en España.

La futura fábrica de baterías encajaría en el Plan de Inversiones y Reformas que el Gobierno presentará en Bruselas para para ser financiado con el Fondo de Recuperación-Next Generation EU, ya que se destinarían los recursos a reforzar la autonomía estratégica, la modernización, la descarbonización y digitalización del sector de la automoción en España. La autonomía industrial en un sector clave como las baterías es una parte esencial de este plan.

Los PERTE son una nueva figura de colaboración público-privada entre Administraciones Públicas, empresas y centros de investigación con la que se identificarán aquellos proyectos estructurales con gran capacidad de arrastre para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la economía.

Los proyectos presentados todavía están en una fase inicial, ya que deben encajar en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de la Economía Española, cuya versión definitiva aún no se conoce y deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Además, antes del próximo 30 de marzo ha de formalizarse la creación del Registro estatal para los PERTE. Es en este registro donde deberán inscribirse todas las entidades, públicas o privadas, relacionadas con cada proyecto.

Respecto a su aprobación como tal, el Ministerio competente propondrá un proyecto para que sea un PERTE y el Consejo de Ministros deberá aprobarlo. En este caso, el Ministerio de Industria sería quién ha propuesto el PERTE y más adelante el Consejo de Ministros deberá tomar la decisión de aceptarlo.

Los detalles de este PERTE en concreto aún no se conocen. Por su naturaleza, pueden ser de dos tipos:

  • Un proyecto único claramente definido en cuanto a objetivos y modalidad de ejecución.
  • Un proyecto integrado, compuesto por un grupo de proyectos insertados en unaestructura, plan de trabajo o programas comunes que compartan objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.

Los proyectos que aspiren a ser considerados PERTE deberán cumplir una serie de requisitos:

  • Cada proyecto ha de venir acompañado de una memoria explicativa que identifique las medidas de apoyo y colaboración público-privadas proyectadas, así como los requisitos a cumplir por los interesados.
  • Los Ministerios deberán elaborar en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de estos proyectos.
  • Estos proyectos podrán recibir anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución.
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